Rifirrafe entre Colombia y España por la embarcación encontrada en aguas de Cartagena. Las partes implicadas piden transparencia en el proceso que se sigue por parte de las autoridades Ya se plantea un debate de control político en el Senado.

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El rescate del San José Galeón está al rojo vivo no sólo en Colombia, sino también en España. En pocos días en la plenaria del Senado, el senador Ernesto Macías del Centro Democrático, planteó un debate de control político para que el Gobierno explique cómo avanza este tema en particular.

Sobre este tema, la cadena COPE de España habló con Miguel San Claudio, Doctor en Arqueología Subacuática, que ha dicho que Colombia solo quiere “entregárselo a los cazatesoros”.

Según explicó el experto, de acuerdo con la Convención de la Unesco, los buques de Estado pertenecen al país que representa su bandera, si bien cuando se produjo el hundimiento “España y Colombia eran sus cargadores” por formar parte del mismo Imperio. “Lo que no tiene derecho Colombia es a apropiarse del buque y de su carga”, ha asegurado el experto.

Consciente de las razones por las que Colombia no ha firmado la Convención de la Unesco, San Claudio ha explicado que en 2013 cambió la ley permitiendo que los cazatesoros se queden hasta con el 80% de lo hallado.

“La ley de 2013 favorece más a las empresas” que a los ciudadanos. “Colombia no se va a beneficiar en nada de toda esta historia. Únicamente va a ser la que aporte la materia prima, que es la carga del galeón. A los que va a beneficiar es a los inversores de la compañía que presiona al Gobierno y que no es colombiana”, ha explicado el arqueólogo en el medio español que ha dicho que “la carga es muy valiosa” y de ahí los intereses que existen para venderla.

Piden transparencia

De otro lado, la  Universidad Nacional expresó su preocupación sobre la forma como se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica.

La Institución le pide al Ministerio de Cultura y al ICANH que expliquen públicamente, frente a la comunidad académica colombiana, las bases para decidir el rescate del galeón San José, tales como los estudios de documentación histórica sobre el naufragio y los autores de tales estudios; las metodologías y técnicas a utilizar para el rescate y para la mitigación de impactos.

Igualmente pide que se le permita a la Procuraduría General de la Nación, cumplir las funciones que le asignan la Constitución Política y las leyes para ejercer un acompañamiento riguroso a los procedimientos, con los que se pretende disponer de un patrimonio cultural tan valioso cuyo estudio debe enriquecer el conocimiento de la diversidad humana y contribuir a la formación de identidad de la Nación.

Cabe recordar que el Gobierno colombiano publicó el Acuerdo, los pliegos de condiciones y la minuta del contrato con sus respectivos anexos del proceso de Asociación Público Privada -APP- de iniciativa privada, sin desembolso de recursos públicos, que busca la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe; así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación.

En julio del año anterior, se realizó la audiencia pública con el fin de presentar las características del proyecto a terceros interesados para que hicieran observaciones, contar con insumos y prepararse con anticipación.

Según el documento publicado por el Ministerio de Cultura, se trata de la propuesta generada por un originador; cualquiera que cumpla con las condiciones del pliego puede participar mejorando esa oferta. El Gobierno evaluará con sus equipos técnicos todas las propuestas y aprobará la más conveniente para el Estado colombiano de conformidad con los pliegos.

Este es un procedimiento público al que tienen acceso todos aquellos que cumplan con los altos estándares técnicos, científicos, financieros y con la experiencia exigida.

Esta APP es un proceso público más, de los muchos adelantados por el Estado colombiano sujeto a las normas que rigen la materia.

Consejo de Estado

En 1982 la Dirección General Marítima y Portuaria (DIMAR), emitió una resolución que abrió la puerta a que los bienes que están en el Galeón San José fueran embargables. Esto, porque determinó que la compañía estadounidense Sea Search Armada tenía derecho al 50% de los bienes que estuvieran en el Galeón y lo reconoció como denunciante.

Por ello, se interpuso una acción popular con miras a proteger la propiedad de la embarcación que ya resolvió el Consejo de Estado, aunque no de manera definitiva.

“Las piezas provenientes del presunto hallazgo del Galeón San José que sean declaradas Patrimonio Cultural Sumergido, pertenecen a la Nación”, afirmó el presidente de la Corporación, Germán Bula.

La decisión, como se ve, tiene un condicionamiento y es la declaración de los bienes como patrimonio cultural. Esa tarea le corresponde al Consejo Nacional de Patrimonio, la cual se realizaría una vez se extraiga lo que hay en el Galeón bajo cuatro criterios:

1) La representatividad, 2) la singularidad, 3) la repetición de las piezas, 4) y la conservación e importancia científica.

Esa distinción entre si las piezas son tesoro -que son bienes privados-, o son patrimonio cultural, deja abierta la puerta a que la compañía estadounidense reciba algunas de ellas por la explotación y la búsqueda de la embarcación; sin embargo, explicó el magistrado William Hernández, la repetición tiene condiciones.

“Aunque se encuentren monedas de oro, lingotes y sean repetitivos o se califiquen como repetitivos, por ese hecho no se convierte en tesoro, sigue siendo patrimonio cultural”, dijo.

Señala el Alto Tribunal que los bienes que son patrimonio, “son bienes enajenables, inembargables e imprescriptibles”.

Entre tanto el senador Andrés García dijo que “es deber del Congreso hacer seguimiento y control político”. El congresista en el 2015 radicó el proyecto de ley que pretendía que el Galeón San José no fuera comercializado.

Añadió, que ahora el reto es seguir trabajando porque el proceso de alianza público privada sea transparente y poder salvaguardar lo que algún día perteneció a nuestros ancestros y por tanto, es una de nuestras herencias más preciadas.