El gobernador de chocó, Ariel Palacios Calderón, será investigado por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia debido que la Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación por presuntas irregularidades de contratación por la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19

El contrato en cuestión es el  N°198  y se celebró por un valor de $2.091’500.000 de pesos con la Fundación Chocó Saludable el 15 de abril de 2020, el cual tenía como objeto de carácter preventivo y publicitario "realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios". Dentro del mismo se contempló 11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos;

Dicho contrato contó con un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos, sin embargo se supo que fue un contrato "amarrado" por que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento. La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas. Entre ellas la ganadora del mismo contrato, la Fundación Chocó Saludable.

Según la fiscalía la celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el Covid -19, además de que presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública. Por estas y otras supuestas anomalías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el gobernador Palacios Calderón por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.

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