A favor de niños y niñas indígenas de la comunidad Emberá un Juez de la República falló la tutela presentada por el concejal de Bogotá, Julián Uscátegui, debido a que los derechos de los menores están siendo violentados, ya que se encuentran en el asentamiento de esta comunidad, en el Parque Nacional de Bogotá.
“Ordenar a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que en el término de treinta (30) días, contabilizadas a partir de la notificación de esta decisión, se proceda a realizar un riguroso seguimiento a los menores de edad pertenecientes a la Comunidad Emberá, asentados en el Parque Nacional Olaya Herrera en la ciudad de Bogotá, en aras de verificar los casos de inobservancia de sus derechos”, indica el documento.
El fallo de tutela obliga al ICBF a que antes del 20 de junio, realice un seguimiento a las condiciones de pequeños pertenecientes a la Comunidad Emberá, que permanecen en el Parque Nacional Olaya Herrera en el centro de la capital, con el fin de verificar los casos de vulneración de sus derechos humanos.
De igual manera, el instituto deberá emitir las órdenes necesarias para garantizar sus derechos fundamentales.
“Los niños de la comunidad Emberá, asentados en el Parque Nacional, se encuentran en condiciones críticas. Testigos del sector nos denuncian casos de maltrato, violencia, abuso, abandono y mendicidad. Las autoridades deben actuar inmediatamente”, manifestó Julián Uscátegui, concejal de Bogotá por el Centro Democrático.
“Las autoridades deben garantizar el retorno o reubicación de la comunidad Emberá que se encuentra en el Parque Nacional. Los niños no pueden seguir padeciendo la inclemencia del abandono ni sufriendo todo ese tipo de vejámenes”, añadió Uscátegui.
La gravedad de la situación de los menores Emberá llega al punto que en el año 2023 varios de ellos perdieron la vida a causa de la desnutrición. De acuerdo con información de las autoridades, estos niños, niñas y adolescentes no tienen cubiertas sus necesidades básicas como alimentación, higiene personal, suministros y atención médica; igualmente, hay indicios de violencia, explotación comercial y sexual, así como de su instrumentalización para el expendio de estupefacientes. Incluso se reveló que, durante el 2024, se han registrado dos casos de mutilación genital femenina en dos niñas, una bebé de 23 días de nacida y una niña de 13 años.
Así las cosas, el concejal Uscátegui solicitó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que identifique y establezca lugares seguros y adecuados para la reubicación de los menores, alejados de zonas urbanas de alta circulación, con acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica, reubicación que deberá hacerse en un plazo no mayor a 60 días.
