Por las presuntas irregularidades en la adquisición de un edificio que tendría daños y afectaciones avaluados en $14 mil 500 millones, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Universidad Militar.
La Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal indicó que el inmueble, que sería destinado a albergar la sede de posgrados de la institución, tendría fallas en su estructura, parqueaderos que no sería posible utilizar y una licencia de construcción expedida para actividades comerciales y servicios, no para fines educativos.
Por estos hechos, el órgano de control validará si hubo falta de planeación para la compra del predio, toda vez que no hubo un peritaje del mismo, previa materialización de su compra, así como los eventuales sobre costos que se tendrían que pagar por parte de la Universidad para determinar la vulnerabilidad sísmica y las lesiones patológicas del edificio; costos de reparación y adecuación los que se generen al no poder darle uso.
La actuación disciplinaria que inició el Ministerio Público busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
El edificio:
Según los acuerdos del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), en el año 2021 se expidió una autorización para iniciar el proceso de compra de un bien inmueble de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de desarrollar actividades académico-administrativas, incluyendo programas de posgrado.
El inmueble está ubicado en la Calle 94ª n°- 13-54, en la localidad de Chapinero, barrio denominado Chicó Norte y cuenta con una extensión de 720 m2.
En enero del presente año, la Contraloría señaló hallazgos significativos relacionados con el uso inadecuado de los recursos públicos en esta transacción. En su momento, el entidad aseguró que la universidad no manifestaron ni evidenciaron cuál es el marco jurídico y técnico por el cual se calculó el factor de comercialización de 23 mil millones de pesos