Señalan los consultados que se debe acabar con las facultades electorales de las Cortes 

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Para superar la crisis de la justicia en medio de los hechos de corrupción que se han presentado, lo que se tiene es que recuperar la ética en toda la sociedad. De esta manera lo señalaron expertos en temas jurídicos que fueron consultados por EL NUEVO SIGLO, quienes también expresaron que se tiene que cambiar la facultad electoral de las Cortes.

Hay que recuperar la cultura: Eduardo Cifuentes

El exdefensor del Pueblo y exmagistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes, dijo que “el problema no es de las normas como tales, sino de una cultura que lamentablemente ha abarcado la órbita judicial en piezas que son neurales. De modo que yo creo que se debe tener más control social en primer término y en segundo término tenemos que generar más filtros desde las facultades de derecho hasta el momento mismo de que se designa quién seguirá siendo juez en el país”.

Dijo además que “en síntesis creo que el problema es cultural, pero es un problema remediable en la medida en que podamos ejercer el máximo control social en este momento de crisis. Pero igualmente ir introduciendo filtros. También debemos tomar en consideración la necesidad de que en el ámbito judicial no podemos generalizar el hecho de que se haya encontrado que algunos jueces se encuentran en esta situación, no se puede decir que toda la rama judicial está afectada por corrupción”.

Señaló que esto no se resuelve con una Asamblea Nacional Constituyente, ya que esto lo que tiene que ver es con lo ético y no con cambios de normas. “Me parece que se trata de una patología muy compleja  que tiene la sociedad a través de muchos medios, como le digo, como la introducción de un patrón más alto en los estudios de derecho, y una mayor exigencia para el ejercicio de la profesión”.

 

Se tiene que revivir la Comisión de Aforados: Catalina Botero

La decana de la facultad de derecho de la Universidad de la Sabana, Catalina Botero, indicó que “hay que entender que esta crisis es muy grave pero hay que ser muy cuidadosos porque hay miles de personas en el sector de justicia que hacen su trabajo todos los días de manera pulcra y seria. Es un caso grave pero no compromete a todo el sector. Hay que revivir la Comisión de aforados y hay alternativas para hacer una reforma constitucional y hay que pensar en el gobierno de la rama judicial, hay que plantear una reforma para modificar al Consejo Superior de la Judicatura”.

 

Se debe crear un verdadero juzgamiento de Aforados: Juan Carlos Esguerra

Por su lado el exministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, sostuvo que el remedio debe ser múltiple, por un lado apretando enormemente las clavijas de la administración de Justicia y haciendo que haya juzgamientos en serio y sanciones en serio y con la otra reformando lo que no ha venido funcionando como la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y con el nuevo tribunal disciplinario para jueces y abogados.

Señaló que “se debe crear algo que sea efectivo y que produzca temor referencial”. También se mostró contrario a una Asamblea Nacional Constituyente porque abriría las puertas para toda clase de reformas en muchos campos y se discutiría nuevamente la reelección presidencial.

Hay que desligar la política de lo judicial: Juan Manuel Charry

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que la mejor manera es desligando a la justicia del control sobre los políticos. Pero dijo sobre la eventual Asamblea Nacional Constituyente que “creo que es el mejor camino, el Congreso tiene la facultad de reforma, pero los congresistas son objeto de investigación por parte de los jueces”.

Expresó que “de manera que se necesita un cuerpo especial, extraordinario y que no tenga esa subordinación del Congreso”. Agregó que no es un tema de formación jurídica, sino de diseño institucional, donde cruzó competencia de control.

 

Delimitar el poder de control: Alfonso Gómez Méndez

El exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, señaló que “lo primero que hay que hacer es delimitar los temas, uno es el tema ordinario de la justicia por lentitud, por mora, por la no aplicación oportuna de derecho y lo otro es lo que ha ocurrido a nivel de las altas Cortes, que es otro problema que implica no solamente corrupción, sino politización”.

Y argumentó que “eso viene básicamente de lo siguiente, uno de la Constitución de 1991 que le dio funciones electorales a las altas Cortes y como consecuencia de eso hay una conexión directa entre política y justicia a estos niveles, que es un caldo de cultivo para la corrupción que estamos viendo”.

Manifestó que otro error de la Constitución del 91 es que puso al Congreso y a las altas cortes en posición de investigados y de investigadores, “es decir el Congreso juzga a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y a su vez las Cortes investigan a los legisladores y en el caso del Consejo de Estado les quita la investidura”.

Concluyó que el sistema de juzgamiento de los funcionarios del Estado es un absoluto fracaso porque tiene que pasar por el Congreso que tiene un cierto sentido para el Presidente, pero nada que ver para con los magistrados de las altas Cortes, que no son funcionarios políticos. “Por eso fue que el fiscal Montealegre y doctor Bustos se opusieron a que hubiera un tribunal de aforados, y el Congreso a pesar de todo aprobó ese tribunal y la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad con el argumento que sustituía la Constitución”.

Expresó que simplemente se deben acabar las funciones electorales y establecer un mecanismo pronto para juzgar no solo penalmente a los magistrados de las altas Cortes que hoy prácticamente no tienen juez.

 

Se debe volver a los valores y a la ética: Hernando Yepes

Otro de los  ex magistrados, Hernando Yepes Arcila, dijo que “la crisis de la justicia cuyas manifestaciones más agudas estamos empezando a conocer, pero que corresponden a causas cuya percepción nos acompaña dolorosamente desde hace mucho tiempo tiene aspectos de una enorme complejidad, porque atañe no solo a elementos de la dinámica judicial, de la práctica de los juzgados, de las corporaciones judiciales que en principio pueden ser respondidas por la sociedad mediante cambios normativos”.

Pero añadió que “lo que quiero decir es lo que nos está aterrando ahora, es la evidencia de un largo deterioro en los que la cultura característica del funcionamiento de la rama fue debilitándose a lo largo del tiempo, con la complacencia y a veces el aplauso o incluso con el fomento de los otros poderes del Estado de normas de conductas morales, de prácticas, de estilos de actuación de normas implícitas de ética e incluso de protocolo judicial que la sabiduría de los pueblos fue elaborando durante siglos para garantizar una justicia no solo independiente sino incontaminada por las impurezas que en la práctica de los otros poderes puede ser rutinaria”.

Indicó que el deterioro tiene que ver muchas veces por la calidad de las personas que están llegando a formar parte de la alta jurisdicción, “me refiero a que lo que estamos viendo es el fruto final de un proceso de reclutamiento que progresivamente se ha ido liberando de todas las restricciones y orientaciones que las normas rodearon al poder judicial”.

Puntualizó que el sistema de reclutamiento debe ser modificado, “hoy el sistema se ha corrompido completamente y está casi que concebido para que a las altas Cortes solo lleguen los mediocres, los profesionales de los rangos inferiores en el ejercicio social del derecho y allí se emana los resultados que hoy vemos”.

 

Hay que trabajar en la recuperación de la ética; José Gregorio Hernández

Entre tanto el exmagistrado José Gregorio Hernández, dijo que “acierta el Jefe del Estado al resaltar la necesidad de despojar a las altas corporaciones judiciales de responsabilidades atinentes a nombramientos, ternas y listas, atribuciones que, en vez de despolitizar los procesos de elección de Procurador, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador del Estado Civil o magistrados, ha significado infortunadamente la politización de las Cortes y de sus integrantes”.     

Y anotó que “concordamos con su criterio en el sentido de que se hace necesario incentivar las actividades de control  ético y jurídico en cabeza de los colegios y asociaciones de abogados. Eso se previó en la Carta de 1991 y no ha sido desarrollado”.       

Sostuvo que “aunque tiene razón el Presidente en lo indebido del “lobby” o cabildeo ante los jueces y corporaciones judiciales, que muchas veces implica corrupción, no hay necesidad de consagrar nuevas normas que lo prohíban. Ya está prohibido en todos los reglamentos de las altas corporaciones. Lo que hay que hacer es cumplir esas disposiciones y adelantar los procesos disciplinarios para sancionar con dureza a los magistrados infractores. Y también a los abogados, que en tal sentido cometen faltas disciplinarias y de ética”.

Dijo también que “en cuanto al Tribunal de aforados, está muy bien que se constituya con los más acreditados e insospechables magistrados, pero precisamente por ello debe dársele plena competencia para conocer de las infracciones, investigarlas y sancionar a los infractores, sin pasar de nuevo por el Congreso, porque entonces no estamos haciendo sino cambiar el nombre de la Comisión de Acusaciones por el de Tribunal. En definitiva, nada”.

Señaló que “eso sí, hay que hacer algo ante esta profunda y delicada crisis. No podemos sacrificar a las instituciones. Y de todas maneras, señor Presidente: el gran problema no es de normas, es de seres humanos”.

 

Hay que liderar un pacto nacional: Jaime Arrubla

El exmagistrado Jaime Arrubla aseveró que “el problema de la corrupción es un problema de todo el Estado, está manifiesta en la rama ejecutiva, en el sistema electoral, en el Congreso y ahora el problema hay que afrontarlo para todo el Estado colombiano. Hay que liderar un gran programa en interés nacional que involucre a toda la sociedad, a todos los partidos políticos, a todos los sectores donde haya un compromiso para liberar al Estado colombiano del tema de la corrupción”.

Manifestó que “en el tema concreto de la justicia ya hay súper diagnósticos de todo lo que hay que hacer, lo primero es quitarle esos vasos comunicantes que tiene con la política, la política no se le puede acercar a la justicia, ni en el nombramiento de jueces, ni tampoco en que la justicia haga nombramientos de altos dignatarios”.

Agregó que se requiere es una voluntad política para escoger la vía adecuada porque las últimas reformas han fracasado.

 

Se debe trabajar en los valores: Julio Andrés Sampedro

Julio Andrés Sampedro, decano de derecho de la Pontificia Universidad Javeriana, aseveró que “lo que creo es que la crisis de la justicia tiene dos aspectos, la primera es que hay que rodear a la Fiscalía y a las instituciones que están haciendo su trabajo para que sigan trabajando en el tema. La segunda es que la solución a largo plazo es una solución pedagógica, una solución en donde las universidades, los colegios todos debemos educar en valores”.

Señaló que el país empezó a fallar cuando se envió en el mensaje que aquí se podía hacer cualquier cosa  que no fueran conductas que se tipifican como delitos, “lo que creo es que aquí hay que volver a la ética, hay que volver a los principios, hay que volver a los valores”.

 

Hay que trabajar en la Ética Judicial: Gloria María Borrero

La directora de la corporación por la excelencia por la justicia, Gloria María Borrero, opinó que “ha habido corrupción desde hace mucho tiempo en la administración de justicia, esto no es nuevo. Creo que esa sí es una crisis, es grave, los hechos son graves, no los voy a minimizar. Pero es una gran oportunidad para hacer muchas cosas que se requieren entre esas que las Cortes se tomen en serio la transparencia y la rendición de cuentas”.

Recalcó que hace varios años se ha venido trabajando con el Consejo de Estado y se debe ser más riguroso en la selección de los jueces y magistrados. “Hay que reforzar el tema de la ética judicial, hay que hacer mucho ejercicio y reflexiones al respecto y modificar el reglamento de las altas Cortes”

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