![AUTONOMIA REFERENDO](/sites/default/files/2024-12/08av%20apertura%20radican%20firmas%20de%20referendo%20de%20autonom%C3%ADa%20fiscal%2027%20dic%202024.jpg)
EL REFERENDO de autonomía fiscal para las regiones que impulsa el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón y otras personalidades, entregará hoy a la Registraduría Nacional 3.500.000 firmas que respaldan la iniciativa, que busca que los ciudadanos se expresen en las urnas si están de acuerdo o no con que los departamentos recauden los impuestos de renta y patrimonio, que hoy están en manos de la nación.
La iniciativa necesitaba 2.027.000 firmas de respaldo, empero los impulsores se pusieron la meta de recaudar más de 4 millones a sabiendas de que en la revisión que hace la Registraduría un número importante podría ser invalidado porque las rúbricas no son legibles, se repiten o porque la firma no corresponde con el documento, entre otras razones.
Si esta iniciativa de referendo cumple el número de firmas exigidas, el 5% del censo electoral, y los requisitos en materia de financiación, el registrador nacional Hernán Penagos expedirá una certificación para que el Congreso haga el análisis que le corresponde, y si éste entrega su aval se convocará a las urnas.
El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, fungió como gerente de la iniciativa “Por las Regiones Firme”, quien recorrió más de 20 departamentos durante los últimos seis meses, promoviendo esta propuesta que, dijo, busca hacer justicia en la distribución de los recursos fiscales en Colombia.
Ruiz dijo que actualmente los municipios tienen rentas propias que no son suficientes para garantizar la autonomía fiscal necesaria para tomar decisiones frente a sus necesidades sociales. Tributos como los de licores, tabaco y transferencias nacionales, aunque generan ingresos, no ofrecen soluciones adecuadas y condicionan la realización de proyectos estratégicos al Gobierno Central.
La iniciativa busca que los impuestos de renta y patrimonio sean gestionados directamente por los departamentos, aumentando sus ingresos en un 50%, con el fin de fortalecer su autonomía y reducir su dependencia del nivel central.
Además, contempla la creación de un Fondo de Compensación Regional para garantizar ingresos mínimos a los departamentos con menor capacidad fiscal.
En diversas declaraciones públicas, el exministro Wilson Ruiz ha destacado el apoyo recibido por el referendo y su propósito: “Agradezco a todos los gobernadores y alcaldes locales que se sumaron, la autonomía fiscal no debe traducirse en la quiebra del Estado y debe cumplir un principio básico y es la no intermediación del Gobierno Central en las transferencias”.
También reforma al SGP
El Congreso aprobó al cierre del primer periodo de esta legislatura la reforma al Sistema General de Participaciones, por el cual la nación gira recursos a las entidades territoriales para que cumplan funciones que tienen en el marco de la descentralización, como salud y educación.
Con la promulgación y entrada en vigencia de este proyecto, los entes territoriales pasarán a recibir a partir del año 2027 del 22,5% al 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación.
Sin embargo, gremios como la ANDI y centros de estudio como ANIF consideran que esta reforma podría desestabilizar las finanzas de la nación. Aunque el Gobierno dice que ello no debe ocurrir porque antes de implementarla, se debe aprobar una ley de competencias que distribuya las responsabilidades del Ejecutivo central y de las entidades territoriales en el nuevo escenario.
Los impulsores del referendo de autonomía fiscal para las regiones indican que la reforma al SGP, aunque abre una discusión necesaria, no responde a las expectativas de autonomía, pues continúa centralizando el control sobre las transferencias.
Añaden que, además, incrementa el gasto público del 4,2% al 7,2% del PIB, impactando la regla fiscal y aumentando el déficit, lo que genera riesgos para la sostenibilidad económica. En contraste, sostienen, el referendo propone reorientar tributos específicos hacia las regiones, fortaleciendo su autonomía sin desestabilizar las finanzas públicas ni comprometer el acceso a derechos fundamentales o sectores clave.