En desarrollo de la investigación sobre los Proyectos Productivos del Posconflicto, fueron realizados varios allanamientos a domicilios y oficinas de los presuntos intermediarios “que estarían interesados en la adjudicación de los mismos a determinados empresarios o contratistas, a cambio de beneficios económicos indebidos que se traducen en porcentajes sobre el valor de los mismos”.

Ya el fiscal Néstor Humberto Martínez, el pasado 5 de abril, había anunciado que las indagaciones por estos hechos estaban adelantadas y se venían llevando a cabo desde el año pasado.

En desarrollo de la indagación, el fiscal de conocimiento decidió llamar a interrogatorio en calidad de indiciados a las siguientes personas: Marlon Marín Marín, María Elvira Valencia Gómez, José Domingo Ardilla Neira, María Isabel Rueda Rueda, Yessica Gómez, Nayib Vergara, Viviana Arias Garzón, Sonia Velosa Mogollón y Aldemar Cuello.

Dichos interrogatorios empezaron a efectuarse ayer y continuarán en el transcurso de la próxima semana.

De acuerdo con los elementos obtenidos por la Fiscalía, estas personas habrían conformado un grupo que tenía roles específicos asignados para cada tema.

Marín, quien es sobrino de Iván Márquez, jefe negociador del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, sería el encardado de manejar los porcentajes de entre el 15 y 20% por los contratos de la implementación del acuerdo de paz.

De acuerdo con allegados a la investigación, en varias ocasiones, Marín asistió a reuniones en las zonas donde se van a implementar proyectos productivos ligados al proceso de reintegración de los excombatientes de las Farc.

Lo que se conoció es que la noche del pasado jueves, agentes de Policía Judicial adelantaron una serie de allanamientos e inspecciones a diferentes inmuebles de los presuntos integrantes de la red de intermediarios que pretendía acceder a la adjudicación de millonarios contratos relacionados con proyectos productivos para reinsertados durante el posconflicto y que se encontró abundante información que ayudaría a esclarecer el funcionamiento de la red.

Según los investigadores, alrededor de 160 alcaldes y algunos gobernadores estarían presuntamente relacionados con las irregularidades detectadas en los millonarios contratos.

Marín fue capturado por otro caso, el de narcotráfico, en el que es procesado Jesús Santrich.

El fiscal Martínez, cuando dio a conocer sobre las investigaciones que se adelantaban en torno al manejo de recursos destinado a los Proyectos Productivos del Posconflicto, alertó que se recolectaron pruebas que evidencian graves irregularidades, las cuales fueron puestas en conocimiento del propio presidente de la República, Juan Manuel Santos.

“La sociedad colombiana y con razón, está preocupada por el manejo de los recursos para el posconflicto y en particular para unos recursos que tienen que ser sagrados, que son justamente los que se han venido apropiando del presupuesto nacional por virtud de la cooperación internacional para desarrollar proyectos productivos en beneficio de un grupo de reinsertados a quienes la sociedad les tiene que ofrecer alternativas de economía lícita”, dijo el fiscal Martínez.

El fiscal también señaló: “Pero, si los recursos para desarrollar estos proyectos productivos se desvían, no solamente vamos a cometer una felonía - desde el punto de vista de la moralidad pública - sino que le haremos un grave daño e irreparable al proceso de reconciliación de los colombianos”.

De igual forma, precisó que las indagaciones en torno a este escándalo se vienen adelantando desde el año pasado  con la práctica de pruebas de controles técnicos y seguimientos legales.

Según el fiscal se estableció que los intermediarios implicados en este caso incluso habrían tenido acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación.