El primer campanazo lo habían dado los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia, y ayer el titular del ente acusador envió al presidente Juan Manuel Santos una carta en la que confirma actuaciones del organismo. Procuraduría y Contraloría también indagan

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Evidencias “concluyentes” sobre la existencia de “una red de intermediarios que estaría interesada en la adjudicación de contratos a cambio de porcentajes”, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha encontrado la Fiscalía en las investigaciones que desde el año pasado viene adelantando.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez, en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, le recordó que ya le había manifestado personalmente las indagaciones que se realizaban y los hallazgos de irregulares, con “especial énfasis en los proyectos de avicultura, agricultura, piscicultura e infraestructura”.

El escándalo que hoy sacude al Fondo Colombia en Paz, empezó a tomar forma el lunes cuando se conoció una carta de los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia en la que se expresaba preocupación por el manejo de los recursos destinados al mismo.

Sin embargo, el presidente Santos dijo que había hablado con uno de los diplomáticos y que le habían dicho que no había señalamientos de falta de transparencia en el manejo de los recursos.

“Hay algunos que están levantando la voz de sospecha sobre la forma como los recursos para la paz están siendo invertidos. Acabo de hablar con el embajador de Noruega para preguntarle si por parte de él, hay alguna acusación o señalamiento por falta de transparencia en la ejecución de recursos donados y me ha ratificado que no hay ningún señalamiento de corrupción o de falta de transparencia”, señaló Santos.

Sin embargo, en desarrollo de una cumbre empresarial organizada por la Procuraduría General y la Superintendencia de Sociedades, Martínez dijo que “para hacer realidad esos propósitos -obtener los contratos y porcentajes a cambio-, los intermediarios han tenido acceso a información privilegiada de esos proyectos en trámite de adjudicación”.

“Se ha advertido que firmas ejecutarían algunas interventorías seleccionadas por los mismos intermediarios con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual acudiendo así a prácticas en el manejo de la contratación pública en Colombia”, señaló Martínez.

Agregó que les informó al presidente Santos para “prevenir que esos recursos se desvíen del propósito de reinsertar a quienes dejaron las armas” y expresó su anhelo porque “el Presidente inicie una intervención a estos procesos contractuales”, y celebró que el jefe de Estado “haya tomado el entusiasmo de indagar sobre estas circunstancias”.

“Las averiguaciones realizadas revelan la existencia de procesos de direccionamiento de contratos, así como un alto grado de opacidad en los procesos de selección relacionados con estos proyectos de inversión, al punto que no existe información de público acceso a los mismos en las páginas web oficiales destinadas para esos fines, situación que -incluso- ha dificultado las labores investigativas a cargo de la Fiscalía”, le indicó Martínez a Santos en la misiva.

En similar sentido, “la investigación ha permitido recaudar evidencia según la cual, para hacer realidad sus propósitos innobles, los intermediarios tendrían acceso a información privilegiada sobre los proyectos en trámite de adjudicación y estarían ofreciendo compensaciones económicas a algunos servidores públicos, llamados a intervenir en la gestión de los recursos”, añadió.

Además le manifiesta en la carta que “de la injerencia de particulares en la selección de los contratistas, se ha advertido que firmas que ejecutarían algunas interventorías serían seleccionadas por dichos intermediarios con el fin de evitar los controles debidos en la ejecución contractual, apelando así a prácticas inveteradas que conjuran contra la cabal inversión de los dineros públicos en los propósitos para los cuales están presupuestados”.

Otros organismos

Por su parte, el contralor Edgardo Maya anunció una auditoría a los recursos manejados por la JEP provenientes de organismos internacionales.

“Néstor Correa dijo que no había manejado dineros, que habían sido manejados por otra organización de la Presidencia, pero eso no exime que nosotros vayamos e intervengamos. Y si es necesario, tenemos funciones de policía judicial. Las ejerceremos para buscar las pruebas que necesitamos”, sostuvo Maya.

Así mismo Maza escribió en su cuenta de Twitter: “Los recursos de la Justicia Especial para La Paz están siendo vigilados por la Contraloría General, por su Unidad Delegada para el Postconflicto #MayaVillazon @PGN_COL”.

A su turno el procurador Fernando Carrillo dijo que “el único lujo que no se puede dar el país es que colapse el proceso de paz por mal manejo de dichos recursos. No vamos a permitir que se haga fiesta con los recursos del Estado”.

“El Contralor evidenció en un informe preocupante los miles de millones de pesos que han estado en entre dicho para cumplir en las obligaciones de la puesta en marcha de la columna vertebral de la paz”, agregó el Procurador.

A su vez la directora del Fondo Colombia en Paz y Colombia Sostenible, Gloria Ospina, le dijo a Caracol Radio que en los próximos días se iniciará una auditoria sobre los recursos, dentro de los controles que se establecieron para la transparencia en el manejo de los aportes del exterior para la implementación de los acuerdos.

Según explicó “Colombia sostenible tiene establecido contratar una auditoria especial para el manejo de los recursos que no se han empezado a implementar y por eso no se ha contratado hoy pero se va a contratar próximamente, entre otros, porque también vamos a manejar una operación de crédito con el Banco interamericano de Desarrollo”.

Aseguró que dentro de los controles está el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría y se está suministrando toda la información necesaria para garantizar la transparencia de los recursos.

No obstante, el contralor Maya dijo que “pedimos la información y si no la entregan, ejerceremos nuestras funciones de Policía Judicial, para buscar las pruebas requeridas”.

Añadió que la Contraloría le ha solicitado al Secretario Ejecutivo de la JEP y a la directora del Fondo Colombia en Paz, que maneja los fondos de las ayudas internacionales para la implementación de la paz, una serie de puntos concretos que tienen que responderlos, porque ellos son servidores públicos y han manejado unos recursos destinados para el Estado.

“Es claro que estos fondos pueden ser objeto de vigilancia de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía”.

Concluyó que “inicialmente se le envió una comunicación al Secretario Ejecutivo de la JEP para que entregue la información y él respondió que no había manejado dineros, que eso lo tenía a cargo el Fondo Colombia en Paz, pero eso no exime de que nosotros vayamos e intervengamos”.