![Ana Paola García Soto Representante a la Cámara](/sites/default/files/2023-11/FOTOS%20NUEVO%20SIGLO%20%2868%29.png)
La Procuraduría General de la Nación, inició una indagación previa a Ana Paola García Soto, por posible compra de votos. Las acusaciones apuntan a que la representante a la Cámara habría orquestado un plan para pagar los derechos de grado de estudiantes universitarios, a cambio de garantizar apoyo para su primo, Luis Miguel Rojas, candidato a la Asamblea Departamental de Córdoba durante las pasadas elecciones de octubre.
La Sala Disciplinaria de Instrucción desentrañó el modus operandi de esta presunta red de compra de votos. Según la información obtenida a través de redes sociales, la congresista y su primo habrían comprometido el pago de los derechos de grado si los estudiantes lograban persuadir a sus familiares para que votaran por Rojas. Un acuerdo que, según las denuncias, se materializó en visitas a instituciones educativas, como la Institución Educativa Mariscal, donde políticos supuestamente realizaron estas ofertas.
En grabaciones que salieron a la luz, Luis Miguel Rojas, ya electo como diputado, expresó abiertamente la estrategia: "Hoy nos hacemos unos compromisos aquí con ustedes para que estén tranquilos para su graduación porque eso tiene un costo y lo vamos a lograr. Sabemos que hay espacios donde no se puede meter la política, pero en estos momentos estamos en campaña electoral y necesitamos de ustedes, de sus amigos, de su familia para llegar al objetivo".
La implicación de la representante García no solo se limita a su respaldo verbal a la estrategia de su primo, sino que también se muestra dispuesta a respaldar la oferta: "Ese tema del grado vamos a articularlo de una manera que ustedes también se vean beneficiados, que tengan una oportunidad de no sacrificar los sueños que tienen o la economía familiar para poder alcanzar el grado. Aquí estamos por ustedes dispuestos a apoyarlos y que ustedes vean que nosotros somos una mano amiga", se escucha en la grabación.
La indagación de la Procuraduría busca esclarecer si la representante Ana Paola García incurrió en una falta disciplinaria, y en caso afirmativo, determinar las consecuencias legales que enfrentará. El Ministerio Público también evaluará si la congresista actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.