Pesisten los escándalos por corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). En esta oportunidad, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra la entonces secretaria general de la entidad, Ana María Castaño Álvarez, por un contrato de suministro, cercano a los $ 10 mil millones.

Los cuestionados hechos están relacionados con el bilateral celebrado por este organismo para la adquisición de kits de uniformes compuestos por prendas como gorras, chalecos, camibusos tipo polos y otros para los 6.633 funcionarios, contratistas y colaboradores de la Ungrd a nivel nacional.

De acuerdo con información publicada por un medio de comunicación, al referirse a los pliegos de condiciones, señaló que “cada kit tendrá un costo de $1'507.533 pesos por persona, lo que demandará una inversión de $9.999.466.389 pesos”.

La Procuraduría solicitó documentación de las etapas pre y contractual lo que incluye las propuestas presentadas por los oferentes, las evaluaciones realizadas a estas con el fin de establecer si en esta contratación se presentaron sobrecostos.   

Así, el Ministerio Público avanza en la investigación con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Caso de corrupción en la Ungrd

Se cumplió por parte de la Corte Suprema de Justicia una inspección al Ministerio de Hacienda, recopilando elementos en la investigación que adelanta a cinco congresistas y un exparlamentario integrantes de la Comisión de Crédito Público, que supuestamente habrían recibido contratos del Gobierno para votar a favor la solicitud de empréstitos a cargo de la nación.

El Ministerio de Hacienda indicó en una comunicación de prensa que tras la inspección “entregó a los delegados los elementos que le fueron solicitados”. Agregó que “reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios”.

Hay que recordar que la pasada semana, presentó su renuncia el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien es investigado por la Fiscalía porque, supuestamente, direccionó tres contratos en Arauca, Bolívar y Córdoba, que suman $92.000 millones, a seis integrantes de la Comisión de Crédito Público para que aprobaran la solicitud del Gobierno de empréstitos.

Bonilla, quien renunció después de que el presidente Petro le solicitara, dijo en su carta que “me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia. Dije siempre que respeto el trabajo de la Fiscalía y que no usaría mi cargo en el gabinete para defenderme. Considero que ha llegado la hora de asumir con mi equipo jurídico mi defensa como ciudadano, desprovisto de mi condición de funcionario público”.