La Sección de Apelación (SA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de manera unánime, revocó la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad (SAR) en el proceso sancionatorio que había abierto contra el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda Villacob, a quien le habían impuesto una sanción de arresto durante dos días, por un presunto incumplimiento a órdenes impartidas por dicha sala de la JEP.

En una decisión de segunda instancia, el tribunal de paz accedió a la apelación presentada por el director y resaltó el progreso del Ministerio del Interior en la elaboración de la política pública que busca intervenir los cementerios de cara a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas.

Así mismo, la sección reconoció que el director de Derechos Humanos ha tenido una “actitud proactiva para cumplir con la orden de generar un plan de acción en colaboración con el Gobierno y la sociedad civil para abordar los problemas estructurales en esta área, lo que refleja un compromiso institucional significativo”.

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Destacó entre estas medidas la creación de una mesa interinstitucional para dialogar con diversas entidades y organizaciones de víctimas sobre los elementos fundamentales que debería incluir la política pública, para la adecuada gestión de cementerios en todo el país.

Al respecto, Castañeda aseguró que “respeto las decisiones judiciales y a la JEP en particular, sin embargo, en ejercicio del derecho de defensa interpuse las acciones legales que me permiten hoy recibir con agrado la noticia de que la JEP, en segunda instancia, reconoce la labor del Ministerio del Interior y revoca la orden dada en primera instancia”.

Finalmente, la Sección de Apelación instó a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Responsabilidad (SAR) a que, en el futuro y de acuerdo con lo establecido en sus decisiones, otorgue y tramite los incidentes de incumplimiento conforme a la ley y conceda efectos suspensivos a las apelaciones presentadas contra las decisiones que impongan dichas sanciones y de esa forma se brinde una segunda instancia que permita garantizar el debido proceso