La Defensoría del Pueblo lidera un proceso de restablecimiento de derechos de la comunidad Embera Chamí del Cabildo Getsera, la cual es víctima de desplazamiento forzado y desde hace dos años se encuentra asentada en el municipio de Córdoba, Quindío, como consecuencia del accionar de grupos armados ilegales y narcotraficantes que se disputan los corredores al Océano Pacífico para el tráfico de drogas y armas.

Durante una mesa de trabajo llevada a cabo el 15 de febrero con la Alcaldía de Córdoba, la junta directiva del cabildo indígena y funcionarios de la Delegada de Movilidad Humana de la Defensoría, se abordaron temas fundamentales para la población, como el fortalecimiento de las rutas de atención, nombramiento de autoridades indígenas y procesos de inscripción en el registro del Ministerio del Interior. Un tema central fue la necesidad de que la comunidad sea reconocida e inscrita como cabildo ante este ministerio, requisito fundamental para iniciar el proceso en la Agencia Nacional de Tierras y así solicitar la adjudicación del territorio que les corresponde.

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo también realizaron un recorrido por las viviendas de la comunidad, conformada por 12 familias y 78 personas, entre ellas 15 menores de cinco años. La situación de estas familias, que llevan dos años en Córdoba sin haber podido regularizar su situación, es una de las principales preocupaciones de la institución nacional de derechos humanos.

Por esta razón, se tiene previsto realizar una segunda mesa de trabajo con la participación de un asesor del Ministerio del Interior, cuyo objetivo principal será visibilizar la situación actual de la comunidad y generar acciones oportunas que permitan alcanzar logros a corto plazo.

La comunidad Embera Chamí es originaria del Cañón Río Garrapatas, ubicado entre los municipios de Bolívar (Valle del Cauca) y Sipí (Chocó). Su desplazamiento forzado es consecuencia de la violencia armada que azota a esta región del país.

Cabe anotar que este pueblo indígena está amparado por la Corte Constitucional, en el marco del seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T–025 de 2004, donde esta comunidad es considerada como un pueblo en riesgo de extinción física y cultural, según el Auto 004 de 2009. Asimismo, el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República ha registrado diversas problemáticas que afectan a los Embera Chamí, entre ellas la violencia armada en sus territorios.