El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo,  David Zuluaga fueron imputados por la Fiscalìa en el caso  Odebrecht. Ambos enfrentan acusaciones formales relacionadas con supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2014, en la que se alega que la multinacional brasileña habría contribuido con más de un millón y medio de dólares sin el debido registro ante las autoridades competentes.

Las acusaciones que Óscar Iván Zuluaga y David Zuluaga deben enfrentar incluyen tres cargos para el primero: falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. David Zuluaga, quien desempeñó un papel de relevancia como gerente de campaña durante la contienda electoral de 2014, está acusado de fraude procesal. La Fiscalía alega que ambos desempeñaron un rol activo en la creación de contratos destinados a ocultar la verdadera naturaleza de los fondos provenientes de Odebrecht.

Un elemento crucial de la acusación se basa en la divulgación de grabaciones de conversaciones entre Óscar Iván Zuluaga y el exdirector del Instituto Nacional de Vías (Invías), Daniel García Arizabaleta, quien negocio un principio de oportunidad con las autoridades a cambio de su cooperación en el caso Odebrecht, proporcionando pruebas fundamentales, incluyendo grabaciones en las que Zuluaga al parecer admite su conocimiento de los aportes de Odebrecht y su disposición a asumir responsabilidades legales en relación con dichos aportes.

La Fiscalía fue enfática en criticar la supuesta complacencia de Óscar Iván Zuluaga al permitir que su hijo engañara al Consejo Nacional Electoral y, en última instancia, desorientara a las autoridades electorales. A pesar de las imputaciones formales de cargos, tanto Óscar Iván como su hijo han optado por no negociar con la Fiscalía en busca de un principio de oportunidad o preacuerdo, lo que, en última instancia, conlleva la perspectiva de un juicio sin medidas de aseguramiento que les permitirá defenderse en libertad.

El escrito de acusación, que se espera sea presentado por la Fiscalía la próxima semana, marca un hito en el caso Odebrecht en Colombia y promete arrojar mayor claridad sobre la magnitud de la participación de la multinacional brasileña en la política del país. Además, destaca las posibles consecuencias legales que podrían recaer sobre aquellos individuos que estuvieron involucrados en estas actividades controvertidas. A medida que se desarrolla este caso, la sociedad colombiana observa de cerca y espera respuestas sobre la transparencia y la responsabilidad en la financiación de campañas políticas.