Doce intermediarios están involucrados en el escándalo por corrupción en dineros de proyectos de la paz, reveló el fiscal general Néstor Humberto Martínez durante un debate desarrollado en la Comisión Primera de la Cámara.

El debate fue citado por los representantes Edward Rodríguez (Centro Democrático), Clara Rojas (Partido Liberal), Samuel Hoyos (Centro Democrático) y Heriberto Sanabria (Partido Conservador).

Al mismo acudieron, entre otros funcionarios, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el comisionado de paz Rodrigo Rivera; Rafael Pardo, Alto consejero para el Posconflicto; el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada; el secretario general de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa; y el jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault.

Dijo el jefe del ente acusador que “en el acervo probatorio que tenemos, identificamos en consecuencia que estas personas tomaron contacto con muchos alcaldes de las zonas de conflicto, y tenemos identificados algunos de ellos en cuatro departamentos: Antioquia, Boyacá, Nariño y Casanare”.

Manifestó que estos mandatarios actuaban en consonancia con funcionarios de algunas entidades del sector central que ya también están identificados y “tenían varias modalidades para apropiarse de los recursos públicos”.

Señaló también que en materia de contratación de vías terciarias en el marco del proceso de paz, los intermediarios encabezados por Marlon Marín, sobrino del dirigente del partido Farc, Luciano Marín, alias Iván Márquez, obtuvieron información de municipios que desarrollarían proyectos en este sentido.

“La lista les fue entregada y corresponde a proyectos de información a diecinueve departamentos, en 58 municipios, con el encargo de que, en ese designio criminal, se comprometía a conseguir contratistas para todas estas obras de las cuales él hizo entrega de recursos, entre varios funcionarios”, dijo.

Departamentos implicados

El fiscal Martínez indicó que los funcionarios pertenecen a administraciones departamentales de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima y Vaupés.

Recalcó que esta información fue suministrada por Marlon Marín antes de salir del país, de los contactos que había hecho con alcaldes y de los recursos que recibieron.

“Hemos recibido también confesiones, verdaderas autoincriminaciones penales, por parte de miembros de ese tejido de intermediarios. Una de ellas dice que de acuerdo a lo pactado, se pagaría el 11%: 5,5% como anticipo y 5,5% con la primera acta de obra”, señaló.

Manifestó el fiscal que en este grupo de intermediarios se radicaron unos 50 o 60 proyectos y anotó que el objetivo era reformular los proyectos de acuerdo con la tecnología, y que para la gestión se cobraría un porcentaje del 11%.  Indicó Martínez que se identificaban los proyectos en el Departamento de Planeación Nacional.

“Tenemos 22 empresas con nombre propio que ya han sido identificadas y que serían las que colaborarían en el entramado de corrupción que se había montado”, dijo.

Recalcó que la Presidencia ya identificó a qué entidades públicas entraban los intermediarios y con los funcionarios que se entrevistaban, advirtiendo que la Fiscalía será enérgica en imputarles a los presuntos responsables el delito de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito.

Respuesta del Gobierno

Entre tanto, el secretario general de la Presidencia, Alfonso Prada, dijo en la sesión de ayer que “la Alta Consejería para el Posconflicto tiene un instrumento de ejecución que se diseñó legalmente, que es el Fondo Colombia en Paz”.

Sostuvo que en cualquier debate que se quiera hacer alrededor de este tema, se tiene que decir que de los 80 ítems prioritarios, ya se está ejecutando el 70%.

Manifestó que la meta para el primer año era tener en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz y lograr nombrar la selección de los magistrados.

“Hoy tenemos esperanzas. Estamos en medio de una campaña política, y qué difícil es adelantar un proceso en medio de las distancias ideológicas y de la crítica propia de una campaña política”.

Por su lado, el comisionado de paz Rodrigo Rivera manifestó que a él no le sorprende que coincidan con el fiscal en la colaboración armónica de las ramas del poder público para afrontar los desafíos de seguridad.

“Estamos del mismo lado los funcionarios del Gobierno, los organismos de control, el Congreso y los partidos de oposición. Todos queremos vivir en un país mejor, todos queremos enfrentar los delincuentes, pero a veces se nos olvida el elefante que está en la mitad de sala”, dijo.

Dudas del Congreso

En medio del debate de control político al Gobierno por supuestas irregularidades en contratación para el posconflicto, el uribismo denunció que se han celebrado millonarios contratos con familiares y amigos de los funcionarios de la Alta Consejería para el Posconflicto.

El representante Hoyos acusó a la exdirectora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina, de concederle un contrato a su novio por más de 1.000 millones de pesos para la realización de un Sistema Integrado de Información para el Posconflicto que aún no se ha ejecutado.

“Al señor Fernando Cifuentes, novio de la señora Ospina, mano derecha del ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, lo contrató su pareja sentimental, pero para el día de hoy no hay nada. Además, esa función ya la podíamos hacer a través del Sistema Integrado de Información Financiera. Es decir, no había que crear una nueva plataforma de 1.300 millones de pesos para hacer el control”, indicó el Representante.

A su turno, el representante Rodríguez, también del Centro Democrático, afirmó que el Gobierno aseguró la contratación de burocracia en la JEP por más de 200.000 millones de pesos para contratar a casi 900 funcionarios.

“200.000 millones de pesos para contratar a 873 funcionarios, 20 magistrados del Tribunal. Eso sí es mermelada. Dieciocho magistrados de salas, 61 magistrados auxiliares, con sueldos superiores a 25 millones de pesos cada uno”, afirmó Rodríguez.