La Procuraduría General de la Nación, a través de una Agencia Especial, solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la adopción de medidas cautelares urgentes, en el marco de una acción popular interpuesta por la “Fundación para el Estado de Derecho”, que busca proteger los derechos colectivos de los ciudadanos en relación con la seguridad energética y la sostenibilidad ambiental.

El pronunciamiento del Ministerio Público se realizó luego de que se hiciera traslado de dicha solicitud, en el que estimó como necesarias y procedentes las medidas cautelares requeridas, para que desde el Gobierno Nacional se realicen acciones de contingencia para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de energía y gas, debido a que los proyectos de generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables no convencionales no han tenido la celeridad necesaria y requerida para entrar en operación. 

Cita el documento que algunas de las medidas cautelares solicitadas por la “Fundación para el Estado de Derecho” son un plan de respuesta urgente para asegurar la continuidad del suministro de energía y gas, un inventario de proyectos de gas natural, informes y estudios sobre el plan de abastecimiento de gas y alternativas de importación, entre otros. 

Así mismo, la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, expresó que, ante la posibilidad de eventualmente tener que recurrir forzosamente a aumentar los niveles actuales de importación de gas, es importante que el Gobierno Nacional defina las alternativas proyectadas para aumentar los volúmenes y asegurar la disponibilidad de este energético.

Finalmente detalló que, si bien desde la etapa procesal aún no se podría determinar si ha sido acertada o no la decisión del gobierno de suspender o prohibir la suscripción de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, por cuanto es un aspecto que debe ser objeto del debate probatorio, sugiere se ordene la adopción de un plan de trabajo coordinado de todo el sector energético del Gobierno Nacional, para estimular y facilitar la garantía efectiva del acceso al servicio de energía eléctrica y gas en el territorio nacional, mientras se logra la implementación de la política de transición energética que prioriza los proyectos de generación a través de fuentes renovables no convencionales.