Niegan tutela que pedía declarar ilegales interceptaciones de Uribe  | El Nuevo Siglo
EXPRESIDENTE URIBE Vélez es acusado por presunta manipulación de testigos / Foto: Catalina Olaya / ENS
Viernes, 26 de Enero de 2024
Redacción Web

La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de negar la tutela presentada por Diego Cadena, exabogado del expresidente Álvaro Uribe, que buscaba declarar ilegales las interceptaciones telefónicas en medio del proceso por fraude procesal y soborno que enfrenta.

Con esta determinación, las conversaciones entre Uribe y Cadena se mantendrán como pruebas legales, marcando un hito en el desarrollo del caso.

En el desarrollo de este controvertido caso, la Corte Suprema de Justicia ratificó la legalidad de las interceptaciones al considerar que fueron obtenidas de manera legítima mediante una orden judicial. Estas conversaciones, que incluyen diálogos comprometedores entre el expresidente y su exabogado, podrían ser fundamentales en el juicio contra Cadena por presunto fraude procesal y soborno.

Cadena, quien interpuso la tutela alegando violaciones a sus derechos al debido proceso y acceso a la justicia, argumentaba que se había vulnerado el secreto profesional en las grabaciones. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Bogotá en 2023 como la Corte Suprema, en su reciente fallo, respaldaron la legalidad de estas pruebas.

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La decisión de la Corte Suprema refuerza la posición de las interceptaciones como elementos clave en el proceso legal contra Cadena. La relevancia de estas grabaciones radica en su conexión directa con las acusaciones de soborno y manipulación de testigos a favor de Uribe. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ya había sancionado a Cadena por 34 meses por su presunta participación en estos actos.

En su fallo, la Corte Suprema desestimó los argumentos de Cadena sobre la violación de derechos fundamentales, señalando que no se presentó ninguna infracción constitucional a la guarda del secreto profesional, ya que en el momento de las interceptaciones, Cadena no actuaba como abogado defensor de Uribe. Esto refuerza la posición de que las pruebas fueron obtenidas dentro de los límites legales y sin violar derechos constitucionales.

Este es el documento de la Corte: