Un nuevo desplazamiento en Chocó por enfrentamiento armado dejó a 180 personas, incluyendo niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos y adultos mayores, un equivalente a 67 familias, en una situación de extrema vulnerabilidad. Este suceso se desató a raíz de los enfrentamientos armados entre el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, perteneciente a la guerrilla del ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).

“La institucionalidad nacional, departamental y local debe volcar esfuerzos para que le dé una atención inmediata e integral a la comunidad desplazada, que en este momento es susceptible de vulneración de derechos, especialmente porque hay menores de edad, mujeres y adultos mayores, algunos de ellos requieren atención en salud”, es la solicitud del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. 

Para proteger su vida e integridad, las 67 familias, que es la totalidad de quienes habitan en Isla de Cruz, se desplazaron el pasado 16 de octubre hasta el corregimiento Dipurdú, también jurisdicción del Medio San Juan, municipio que forma parte de la subregión del San Juan, en el suroriente del departamento. 

“La zona de los hechos está bajo advertencia que emitimos con la Alerta Temprana 020 del 2021 e informe de seguimiento 012 del 2023, razón por la que las autoridades competentes deben actuar con prontitud”, dijo Carlos Camargo Assis. 

A los grupos armados ilegales, les recuerda que bajo ninguna circunstancia tienen que afectar a las comunidades, ni en las cabeceras municipales, ni en las zonas rurales: “El ELN y las AGC deben acatar integralmente el derecho internacional humanitario. La población civil debe estar al margen de las hostilidades”.

Las dos estructuras armadas, que ejercen influencia bajo el yugo de las armas, buscan consolidar el control territorial en la zona para robustecer el negocio de sus economías ilícitas, como el tráfico de cocaína y el cobro de extorsiones al comercio.   

“Dada la complejidad para ingresar a la zona, este 20 y 21 de octubre, una comisión de la Defensoría viajará hasta Dipurdú para verificar la situación humanitaria que afronta en este momento la comunidad desplazada”, indicó el Defensor del Pueblo.

La entidad nacional de derechos humanos, a través de profesionales de su Regional Chocó, realiza una jornada de atención descentralizada móvil en Istmina, con el fin de que les sean restablecidos y garantizados los derechos a la población de ese municipio y del Medio San Juan, donde aún habría confrontaciones armadas, y sitio de estudio por el Gobierno Nacional para hacer un piloto de paz, cuyo fin es monitorear el cese al fuego bilateral con el ELN.