Una jueza de Bogotá emitió una orden de captura este 7 de noviembre, dirigida a la ex patrullera de la Policía, Dana Alejandra Canizales. Esta medida se relaciona con su supuesta implicación en las interceptaciones ilegales del teléfono de Marelbys Meza, una exniñera de la entonces directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia.

Inicialmente, Canizales había evitado la privación de su libertad, argumentando que ya no formaba parte de la institución y, por lo tanto, no representaba un peligro para la sociedad ni para la investigación en curso. Sin embargo, el juzgado de descongestión laboral, que asumió el caso, determinó que no existe un acto administrativo que certifique su renuncia a la Policía, lo que justificaba su detención.

Además, se consideró que su posible influencia en la investigación podría afectar a otros oficiales, como Jhon Freddy Morales, Carlos Andrés Loaiza Correa y Alfonso Quinchanegua, quienes también enfrentan cargos por falsedad ideológica, fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones.

Durante la audiencia de imputación, que tuvo lugar en segunda instancia, se reveló que el teniente Quinchanegua habría requerido la colaboración de varios uniformados para llevar a cabo actos urgentes después de la denuncia del robo. También se alega que, junto a Canizales, presentó a la Fiscalía un informe de policía judicial presuntamente alterado con el objetivo de facilitar la interceptación ilegal.

La jueza argumentó en su decisión que "existe un riesgo de reiteración, que puede darse en otras investigaciones, existiendo el riesgo para la sociedad, peligro para la víctima. Para este despacho el hecho que la imputada esté aislada en el municipio de Rovira, Tolima, y que se le haya prohibido salir de dicho lugar no garantiza el cumplimiento de los fines constitucionales de la medida de aseguramiento pues para nadie es un secreto que cualquier cuenta con las herramientas informativas desde cualquier lugar, lo que representa un riesgo de reiteración".

Además, la jueza consideró las conductas imputadas por la Fiscalía a la patrullera Canizales argumentando que "también existe el riesgo de obstrucción a la justicia, pues nada impide que Dana, desde cualquier lugar, pueda acceder a la información por internet. Igualmente no existe un acto administrativo de sus desvinculación (a la Policía) donde muy seguramente debe presentarse a laborar. Existen muchos riesgos".

La decisión también afectó a otros cuatro policías, pues "si se encuentran dados los presupuestos para inferir razonablemente que los imputados puedan ser un peligro para la comunidad por el número de delitos enrostrados, pues está en riesgo las víctimas (...). Las conductas endilgadas son de suma gravedad (...). El caso que nos ocupa evidencia [que] la conducta atenta contra los bienes jurídicos de la recta impartición de justicia y la fe pública", añadió la jueza.

La jueza consideró que los agentes de la Policía tenían la capacidad para entender lo ilícito de su conducta y aún así siguieron "haciendo uso de sus funciones, se infiere razonablemente, que falsificaron documentos públicos que impidieron la recta impartición de justicia, al hacer incurrir, presuntamente en error, a dos jueces de la República y dos delegados de la Fiscalía General."

Para la jueza, existen pruebas documentales certeras que permiten concluir que los documentos públicos, pues estos "fueron alterados en su fecha, hora y contenido", "por lo que los imputados, al seguir vinculados en la Dijín, pueden tener acceso a una serie de documentos y sistemas de información, pudiendo alterar pruebas que aún hacen falta. Y no solamente en la presente investigación, sino en otras que se adelantan en otras cuerdas procesales."

Cabe mencionar que, por el mismo caso, también están privados de la libertad Freddy Alexander Gómez, policía de la Sijín, y el mecánico Rafael Santos, ambos investigados por el delito de fraude procesal.

Esta nueva orden de captura y las medidas tomadas por la jueza reflejan la seriedad del caso y su impacto en el sistema de justicia y en la confianza pública en la institución policial. La investigación continúa, y se espera que más detalles salgan a la luz en las próximas etapas del proceso judicial.