La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una orden de arresto de dos días para la Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, tras su incumplimiento y el de su delegado, William Hernández Arias, a una audiencia clave para evaluar el avance en la protección de cementerios donde se presume yace la memoria de víctimas de desaparición forzada.

La decisión destaca la ausencia de cuidado y control por parte de Roldán, generando cuestionamientos sobre el respeto a las medidas cautelares establecidas por la JEP.

La decisión de la JEP se fundamenta en el desacato de la Gobernadora y su subalterno a una audiencia crucial para evaluar el cumplimiento de medidas cautelares destinadas a proteger la memoria de las víctimas de desaparición forzada en cementerios. La Jurisdicción ya había emitido órdenes específicas, incluyendo el desarrollo de planes integrales de atención a las víctimas y colaboración con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).

A pesar de ser debidamente citada, la Gobernadora delegó la representación a William Hernández Arias, quien, tras asistir el primer día, no se presentó al siguiente, alegando razones de salud sin proporcionar documentación médica adecuada. La entidad destaca la falta de control por parte de la Gobernadora sobre la delegación, poniendo en riesgo las garantías de las víctimas.

La Jurisdicción cuestiona la falta de respuesta oportuna por parte de la gobernación ante la citación al incidente de desacato, señalando que la mandataria no se excusó ni con las víctimas ni con la sociedad vallecaucana. Además, destaca la actitud de desidia de William Hernández, quien, según la JEP, intentó engañar a la magistratura con una cita médica programada.

Como resultado de esta falta de diligencia, la Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP emitió la orden de arresto de Clara Luz Roldán por dos días, así como una medida similar para William Hernández Arias por cinco días.

La orden de arresto plantea interrogantes sobre la actuación de las autoridades departamentales en el marco del Acuerdo Final para la Paz, subrayando la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones de la Jurisdicción para asegurar la protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.