Pese a que la audiencia disciplinaria adelantada por la Procuraduría en contra a de los patrulleros Harby Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por los cargos disciplinarios de homicidio y abuso de la autoridad mediante acto arbitrario e injusto se suspendió para el próximo 5 de octubre, el Ministerio Público estableció que los uniformados abusaron de su autoridad al someter al abogado Javier Ordóñez, quien después murió, con un taser.
De igual manera, en la diligencia que se adelantó el pasado 1 de octubre, la Procuraduría vinculó a los patrulleros a titulo de dolo, lo que significa que eran conscientes de sus actos ilegales por presuntamente participar en el homicidio de Ordóñez, que tuvo lugar el 9 de septiembre.
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Al principio de la diligencia, los patrulleros Rodríguez y Lloreda manifestaron su descontento pues no quería ser representados legalmente por los abogados de oficio Nixon Forero Forero y su suplente Salvador Gutiérrez y pidieron la suspensión de la audiencia disciplinaria, argumentando que tampoco habían leído el documento central de la citación.
El procurador delegado del caso negó esta petición argumentando que no se deben aceptar maniobras dilatorias y comprobó con fechas y documentos el envío del auto de citación el pasado 16 de septiembre a ambos implicados.
Por lo tanto, la Procuraduría continuó la audiencia bajo el argumento de que, la norma no impide el desarrollo de la ,misma. Sin embargo, horas después de que se iniciará esta diligencia, ingresó a esta el abogado Jorge Páramo, como defensor de confianza del patrullero Rodríguez Díaz quien también solicitó aplazarla por desconocer el caso, pero esta volvió a ser negada.
Dentro de los cargos que leyó el Ministerio Público, citó que los uniformados debieron proteger al ciudadano, pero a cambio de ello, el patrullero Lloreda, “al parecer abusó de su autoridad injustificadamente”.
En cuanto al patrullero Rodríguez, señaló que el uniformado agredió con patadas y puños a Ordóñez, al interior del CAI de Villa Luz en el occidente de Bogotá en la madrugada del 9 de septiembre.
Entre los elementos que probarían la presunta responsabilidad de los patrulleros por los cargos en contra del abogado, se encuentran copias de CD y DVD de cámaras de seguridad, en especial del CAI, al igual que testimonios de uniformados de la Policía que indicarán que ambos estaban en servicio esa noche.
Finalmente, la audiencia fue suspendida por el procurador delegado porque al pedir a los uniformados rendir versión libre, Lloreda no contaba con abogado de confianza ni de oficio y el defensor de Rodríguez estaba conduciendo su automóvil en plena audiencia.
Por lo tanto, se determinó esta decisión indicando que se debía garantizarse el debido proceso de los policías.