Por dar de baja unos vehículos que luego aparecieron con reparaciones y suministro de combustible y donde presuntamente eludieron el principio de planeación al abrir licitación pública con estudios previos incompletos, la Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra los ex alcaldes de Suba, Miguel Antonio Cortés Garavito (encargado) y Marisol Perilla Gómez, así como contra el auxiliar administrativo, José Humberto Pérez Lozano.

El ente de control encontró que unos vehículos, pese a estar dados de baja, les aparecen reparaciones y suministro de combustible varias veces, desde el 3 de marzo al 30 de diciembre de 2015, (camionetas Rodeo placa OBE929 y Luv doble cabina OIL039). También una camioneta Land Crusier la reportan tanqueada en un mismo día con gasolina y diésel.

De acuerdo con la investigación Miguel Antonio Cortés Garavito, exalcalde encargado de Suba, quien se desempeñó del 31 diciembre de 2015 a enero 17 de 2016, al parecer, dio recibido a satisfacción y orden de pago a las facturas de suministro de combustibles a vehículos dados de baja.

A Marisol Perilla, exalcaldesa local de Suba se le cuestiona el hecho de eludir el principio de planeación al abrir licitación pública para el suministro de combustibles y mantenimiento de vehículos, presuntamente, con estudios previos incompletos.

Indica la averiguación que, al parecer, se seleccionó una firma para la ejecución del contrato, sin que esta cumpliera con las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, como el requisito habilitante de buenas prácticas ambientales.

El ente de control evidenció que la exalcaldesa de Suba, presuntamente desconoció los principios de moralidad y responsabilidad al no vigilar la correcta ejecución de dos contratos de 2014, al permitir el suministro de combustible y mantenimiento de vehículos dados de baja por esa entidad.

A José Humberto Pérez Lozano, auxiliar administrativo y supervisor de apoyo del contrato, al parecer, no cumplió a cabalidad con su obligación laboral al dar la entera satisfacción al objeto del contrato y la orden de pago a las facturas de suministro de combustibles de vehículos dados de baja.

El organismo de control evidenció que en los contratos de mantenimiento y suministro de combustibles se habrían desconocido y vulnerado los principios de moralidad, eficiencia, economía y celeridad en la gestión pública.

Compra eficiente

Mientras el Ministerio Público distrital tiene en la mira a dos ex alcaldes de Suba por adquirir bienes, Colombia Compra Eficiente abrió una licitación pública para seleccionar a los proveedores que presten a las Entidades Distritales la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de video-vigilancia ciudadana en Bogotá.

Para la estructuración de este nuevo instrumento de agregación de demanda, Colombia Compra Eficiente contó con el apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia -Sdscj-, Entidad que manifestó la necesidad de contar con un sistema de video-vigilancia ciudadana que permita a las alcaldías locales y Entidades Distritales, adquirir estos bienes y servicios de manera fácil, ágil y segura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y se integre al esquema de seguridad ciudadana actual de la Sdscj.

Colombia Compra Eficiente realizó un estudio de mercado en el que encontró que las Entidades Distritales comprometieron recursos por un valor total de $28.891 millones durante el periodo 2013-2016 para adquirir estos servicios, según la información registrada en el Secop.

La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene como meta instalar aproximadamente 4.000 cámaras de seguridad al terminar el actual gobierno. El nuevo instrumento de agregación de demanda ayudará a fortalecer el esquema de seguridad en Bogotá para disminuir los delitos que más impactan a los habitantes, y así, incrementar la confianza y la tranquilidad de los ciudadanos.

La Sdscj y las alcaldías locales estiman una demanda para la adquisición de equipos, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de video-vigilancia ciudadana por un valor de $21.400 millones.

Los interesados en participar deben estar registrados en el Secop II para conocer los documentos del proceso, los cuales permiten a los proveedores saber cuáles son los requerimientos de la Sdscj y las condiciones mínimas que exige el Estado para contratar los bienes y servicios de video-vigilancia ciudadana.