La Procuraduría General de la Nación exhortó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a garantizar que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyan ofertas exclusivas de vivienda urbana y rural para las víctimas de desplazamiento forzado, por tratarse de sujetos de especial protección constitucional. 

Así lo señaló el Ministerio Público en comunicación enviada a esa cartera, en la que indicó que el Gobierno nacional debe garantizar la asignación de subsidios de vivienda con líneas específicas para esta población víctima.  

El órgano de control subrayó que es necesario definir cómo se va a garantizar el acceso a los subsidios de quienes perdieron sus viviendas como consecuencia del conflicto y que, por su condición socioeconómica, no cumplen con los requisitos para figurar en los registros de Prosperidad Social. 

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Igualmente, sostuvo que se debe plantear una solución para ejecutar los proyectos de vivienda urbana y rural que se han prolongado en su desarrollo hasta por diez años, para ofrecer una solución a las familias afectadas. 

Los esfuerzos que se realicen en esta materia permitirán “la superación de las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada y el avance en el camino a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado”, concluyó la Procuraduría en su escrito.