Ante los problemas sociales y la presencia de grupos armados ilegales en Chocó, la Defensoría del Pueblo exigió la urgente intervención del Estado colombiano en esta zona.

De acuerdo con las denuncias que se han presentado, hay amenazas a líderes sociales, autoridades étnicas y personas defensoras de derechos humanos. También hay homicidios, desplazamiento forzado, confinamiento, extorsiones, desaparición forzada, restricción a la movilidad, despojo de tierras, entre otros graves problemas.

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Cabe resaltar que los principales grupos armados ilegales con presencia en el Chocó son el ELN, y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también se reporta la presencia de estructuras armadas de alcance local como Los Chacales (en Bahía Solano), Los Colombianos y Los Mexicanos (en Quibdó).

Según la Defensoría, con corte al 13 de septiembre, se reportan 94 eventos masivos de confinamiento que han afectado a 27.701 personas de 6.641 familias, pertenecientes a 81 comunidades indígenas y 13 afrodescendientes.

En ese sentido, el desplazamiento forzado se ha ido incrementando, hasta la fecha se han registrado 18, 11 en comunidades indígenas y 7 en afrodescendientes, ocurridos en nueve municipios: Bagadó, Bahía Solano, Alto Baudó, Nuquí, Bojayá, Carmen de Atrato, Bajo Baudó, Medio San Juan y Litoral de San Juan.

Así las cosas,  5.943 personas han tenido que abandonar sus territorios. A esto se suman 15 asesinatos de personas en proceso de reintegración luego de la firma de paz.