La contratación sigue siendo el talón de Aquiles de la administración pública. A pesar de que hay una Ley recién promulgada, se siguen presentando inconsistencias en los procesos. Un ejemplo de ello es el manejo del Fondo Colombia en Paz. Se crea Observatorio para el tema

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Lo ocurrido esta semana con el Fondo Colombia en Paz, prendió las alarmas sobre la forma como se contrata en Colombia, a pesar de que hace apenas unos meses el Congreso expidió una normatividad para tal fin.

La Ley de Contratación que fue reglamentada por el presidente Juan Manuel Santos en enero pasado, busca acabar con los pliegos que se ajustan a quienes participan en las licitaciones y dar mayor transparencia a la contratación pública. Ésta pretende facilitar la ejecución y la contratación en los diferentes tipos de contratos.

Hay que tener en cuenta que esta nueva Ley al modificar aspectos claves de la Ley 80 y la Ley de Infraestructura (Ley APP), logra darle mayor claridad a los roles de todos los actores de los grandes proyectos de infraestructura, que hoy son APP; es decir, los que cuentan con la participación del sector privado.

Frente a la decisión, el ministro de Transporte, Germán Cardona, manifestó que “se podrán empezar a implementar los pliegos tipo, que eliminarán malas prácticas en contrataciones de obras públicas y aumentarán la transparencia en los procesos en todos los municipios del país”.

La preocupación de muchos empresarios del país radicaba en que al no haber pliegos tipo, las licitaciones podrían estar dirigidas hacia algunos oferentes que dieran dádivas a funcionarios estatales, con los denominados ‘pliegos sastre’.

Controles

El Fondo Colombia en Paz presentó ayer ante la Contraloría General de la República un detallado informe sobre la contratación que la entidad realizó en la vigencia 2017, donde precisa que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público asignó $36.753 millones para el apoyo de la implementación de la JEP, a lo que se suman los $7.740 millones que ingresaron durante el año 2018, para un total asignado de $44.493 millones.

Estos fondos ingresaron al Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz como recursos presupuestales. A medida que se presentan necesidades de pago, ingresan recursos de caja a través de desembolsos desde la Presidencia de la República, autorizados por el supervisor del contrato fiduciario, explicó en comunicación al contralor Edgardo Maya Villazón la Directora del Fondo Gloria Ospina.

Los $7.740 millones asignados por el Ministerio de Hacienda para la JEP en 2018 son para contratos de prestación de servicios.  La señora Ospina entregó adicionalmente los siguientes detalles: “Si bien con corte a 31 de diciembre de 2017 no habían ingresado recursos de caja para la subcuenta JEP creada en el Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz, se creó una cuenta de ahorros del Banco de Occidente para la administración de fondos asociados a esta subcuenta”.

De lo asignado durante 2017 fueron comprometidos $11.740.442.500 en la suscripción del Contrato de Arrendamiento y Adecuaciones con la inmobiliaria Juan Gaviria Restrepo & Cía para la sede de la JEP, con vigencia hasta el 30 de junio de 2018.

Al respecto, la Directora del Fondo precisó que si bien durante 2017 no se realizaron pagos asociados a este contrato, en lo corrido de 2018 se han ordenado pagos por el orden de $6.143.036.725.

Otro contrato suscrito por el Fondo Colombia en Paz es el realizado con Carlos Enrique Guevara Sin, por $25.003.860, cuyo objeto es la “Prestación de servicios profesionales para apoyar los temas jurídicos, en especial los procesos de selección y contratación que requiera la Jurisdicción Especial para la Paz”.

Un solo proponente

Uno de los asuntos más graves que se ha denunciado en la contratación en Colombia, fue dado a conocer hace algunas semanas por el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Argelino Durán, quien lanzó una alerta a las autoridades de control en el país para que endurezcan la vigilancia en los procesos de contratación que actualmente se realizan en el país, tras denunciar que la mayoría de ellos se entregaron tras licitaciones con un único proponente.

Durán dijo que para el año 2016, con cambio de gobernantes regionales, detectaron que el 74% de los procesos de contratación en los municipios de Colombia, es decir 9.185 procesos, contaron con solo un proponente.

“Esto lo que muestra es que hay lo que se conoce en el gremio como ‘pliegos sastre’; es decir, que se hacen las licitaciones, con tantos y determinados requerimientos que terminan favoreciendo a una sola firma y en muchos casos esto termina generando focos de corrupción”.

Observatorio de contratación

El director general de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, dijo que se puso en marcha por parte de la entidad el Observatorio Colombiano de Contratación Pública (OCCP), un espacio creado para que estudiantes, ciudadanos, académicos y expertos analicen los procesos y procedimientos que se generan alrededor de la contratación del Estado, sus modalidades, su relación con la situación actual del país, entre otros aspectos.

Actualmente, la contratación del Estado genera múltiples opiniones en los diferentes sectores de la sociedad; y es que dentro de la opinión pública se ha tejido una preocupación a raíz de los escándalos de corrupción que se han conocido a través de los medios de comunicación.

“Dicha preocupación se enfoca, principalmente, en argumentos tales como que la contratación pública está permeada por intereses privados o personales, que no opera con la eficiencia necesaria para solventar las necesidades de las comunidades, y que la falta de planeación pareciera ser uno de sus pilares. Por estas razones, invito a pasar del malestar, generado por el sentimiento que nuestros recursos públicos no están siendo invertidos apropiadamente, a la acción”, sostuvo Duque.

Vincularse desde su rol en el Sistema de Compra Pública al OCCP, es una opción que permitirá que juntos busquemos medidas para impulsar la transparencia, para identificar mejores prácticas en las compras públicas tanto desde la perspectiva de las entidades estatales como de la de proveedores, y para favorecer la cooperación y la colaboración interadministrativa y público-privada en la contratación pública, entre otras varias acciones por las que propende el Observatorio.

Este año, el OCCP trabajará en el marco de cinco grandes propuestas alrededor de la compra pública: mejorar la eficiencia de entidades estatales y proveedores; vincular a más empresas y ciudadanos; fomentar políticas de información, desarrollo e innovación; promover la participación de entes de control y medios de comunicación, y fortalecer la investigación académica.

En este sentido, todos los que se encuentren interesados en realizar acciones a favor de la compra pública del país y ser colaboradores del Observatorio, pueden escribirnos al correo electrónico occp@colombiacompra.gov.co y así pasar de la indignación a la acción.