La captura de ‘Santrich’, las disidencias de las Farc aterrorizando Nariño y matando periodistas, el nuevo desborde fronterizo del conflicto, el asesinato de 8 policías a manos del ‘Cartel del Golfo’, el auge del narcotráfico y la corrupción en los fondos de financiación del posconflicto… Una seguidilla de hechos que evidencia lo lejos que estamos de la paz estable y duradera

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SI BIEN esta semana tanto el presidente Juan Manuel Santos como el máximo jefe del partido Farc, Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, reiteraron que el desarrollo del acuerdo de paz sigue en firme, lo cierto es que la implementación del mismo y el arranque de la llamada era del posconflicto continúan en medio de la incertidumbre.

 

Varios de los hechos de las últimas semanas y meses ponen en evidencia que si la negociación del pacto fue accidentada a cual más, el primer año y medio de su aplicación ha ido de crisis en crisis.

La última y, sin duda una de las más graves, es la relativa al creciente accionar de las disidencias de las Farc que no sólo han aumentado su pie de fuerza, al pasar de 400 o 500 hombres-arma a más del millar, sino que son ya un grave problema de orden público.

Una prueba de lo anterior es lo que está ocurriendo en Nariño, el departamento con más densidad de narcocultivos en el país, en donde los grupos residuales que no se desmovilizaron han generado una crisis de inseguridad incluso mayor a las registradas cuando las Farc operaban en esa región.

La facción disidente al mando del cabecilla alias ‘Guacho’ no sólo ha estado detrás de ataques a la Fuerza Pública y presiones violentas a los campesinos para que se opongan a los operativos de erradicación de narcocultivos, sino que, además, se habría asociado ya con el ‘cartel de Sinaloa’, una de las organizaciones narcotraficantes mexicanas más peligrosas del continente.

A ello se suma que alias ‘Guacho’, nacido en Ecuador pero que ingresó a las Farc hace más de una década, opera a ambos lados de la frontera, generando los problemas de orden público más graves en los últimos años en esa región del vecino país, al punto que estaría detrás de un reciente atentado con carro-bomba y el asesinato de varios militares en sendas emboscadas. Y a ello hay que sumar que fueron los hombres bajo su mando los que secuestraron hace casi tres semanas, en la región de Esmeraldas, a un equipo periodístico del diario El Comercio compuesto por el reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra.

Pese a que inicialmente se consideró que se trataba de una ‘retención’ temporal, luego se conoció un video en donde los plagiados aparecían encadenados y advertían que el frente “Oliver Sinisterra” exigía, a cambio de liberarlos, que las autoridades ecuatorianas les entregaran a tres personas recientemente capturadas y que serían familiares del señalado cabecilla.

Aunque el gobierno del presidente Lenín Moreno se negó al ‘canje’, abrió un canal de mediación humanitaria para gestionar la libertad del equipo periodístico e incluso suspendió operaciones militares en la zona en donde se presumía estaban los plagiados. Lamentablemente el pasado miércoles empezaron a circular rumores sobre un posible asesinato de los cautivos, que se vinieron a confirmar el viernes.

 

Aunque las relaciones entre los gobiernos de Santos y de Moreno (antiguo vicepresidente de Rafael Correa, quien hoy es su máximo opositor) son muy proactivas, es claro que este nuevo desbordamiento fronterizo del conflicto armado colombiano tiene contra la pared al mandatario del vecino país, que recibe fuertes cuestionamientos internos por una presunta debilidad para defender su territorio y forzar a Bogotá para que contenga a los disidentes.

Y de este lado de la frontera también son muchos los cuestionamientos al gobierno Santos así como a las Fuerzas Militares y de Policía, no sólo porque pese a la megaoperación castrense que se desarrolla desde hace varios meses en Nariño no han podido neutralizar a ‘Guacho’, sino porque tampoco es mayor el avance en materia de erradicación voluntaria y forzosa de los narcocultivos.

 

 

Rebrote de violencia

 

Es claro que tanto en Nariño como en otras regiones del país el Estado no fue rápido ni eficaz para copar las zonas en donde operaban las Farc desmovilizadas, lo que llevó a que fueran las disidencias de esa facción ilegal, el Eln, los carteles del narcotráfico y las bandas criminales los que entraran a disputarse –cuando no pudieron asociarse– el manejo del negocio de la droga, minería ilegal, contrabando, secuestro, extorsión… ¿Las consecuencias? La violencia no ha cesado o, incluso, como en el caso de la racha de asesinato de líderes sociales y activistas comunitarios,  aumenta de forma preocupante.

Así las cosas, aunque tras la firma del acuerdo de paz con las Farc y el arranque de la fase de implementación se habla desde esferas gubernamentales del aclimatamiento progresivo del posconflicto, lo cierto es que hay regiones en donde la guerra sigue su curso, simplemente con un actor menos (el grueso de las Farc), aunque con sus disidencias en pleno crecimiento y haciendo tránsito a narco-organizaciones de régimen militar cerrado.

Esta semana, precisamente, el país tuvo una prueba más de las graves consecuencias de no haber consolidado a nombre del Estado los territorios dejados por el desarme y desmovilización de más de 10.000 efectivos y militantes de las Farc.

En la vereda El Tomate, zona rural del municipio de San Pedro de Urabá (Antioquia), ocho integrantes de la Policía fueron asesinados cuando la patrulla en que se movilizaban para un operativo de restitución de tierras usurpadas por paramilitares del clan Castaño años atrás, fue atacada con explosivos. La acción terrorista habría sido perpetrada por facciones del ‘Clan del Golfo’, al mando de alias ‘Otoniel’, la banda criminal organizada más peligrosa y extendida del país.

 

Aunque a través de la operación “Agamenón” la Policía le ha asestado en tres años duros golpes a esa facción delincuencial, abatiendo varios de sus cabecillas y capturando casi 2.000 de sus integrantes, a lo que se suma incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína y bienes por más de 200 millones dólares, esta Bacrim continúa reciclándose.

 

Incluso, ante el anuncio de algunas de las bandas criminales (hay más de una docena de estructuras entre las de operación nacional y regional, y decenas de ámbito local), el Gobierno decidió abrir, vía proyecto de ley presentado hace dos semanas, la posibilidad de un sometimiento colectivo a la justicia de los ahora llamados “Grupos Armados Organizados” (GAO). Sin embargo, la iniciativa ha recibido más peros que apoyos.

Lo cierto es que las bandas criminales, compuestas por antiguos paramilitares y que han ‘reclutado’ a guerrilleros disidentes e incluso desmovilizados, cuando no se asocian o rivalizan con el Eln, son hoy por hoy otro de los grandes generadores de violencia rural y urbana en Colombia.

 

Auge del narcotráfico

Cuando se suscribió el acuerdo de paz con las Farc, sus defensores lo presentaban como una oportunidad única para acabar con el combustible de la guerra subversiva y paramilitar de las últimas décadas: el narcotráfico.

Sin embargo, en los últimos tres años lo que se ha experimentado es un auge de la producción y tráfico de estupefacientes. La extensión de narcocultivos se triplicó, hasta llegar a 188.000 hectáreas en 2016 (se rumora que un próximo informe de EU dirá que había 222.000 al cierre del año pasado), en tanto que los decomisos de cargamentos de droga han marcado dos años consecutivos de récord.

Desde la orilla gubernamental se insiste en que pese a esos picos en producción e incautación, la nueva política antidroga está empezando a dar resultados, ya que entre 2017 y lo corrido de este año han sido erradicadas 60.000 hectáreas y 123.000 familias han firmado acuerdos colectivos de sustitución.

Sin embargo, desde muchos sectores nacionales e internacionales se replica, de un lado, que lo pactado en La Habana sobre compensación económica por erradicación voluntaria de cocales fue un incentivo ‘perverso’ para la explosión de narcocultivos. De otro lado, como ya se dijo, se falló en que una vez desarmadas las Farc el Estado entrara a copar las zonas en donde operaban, coincidentes con regiones densas en cocales, dejando el campo libre a elenos, disidentes, carteles puros de narcotráfico y Bacrim para hacerse al negocio.

No en vano, las relaciones con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump han estado llenas de altibajos por cuenta de las falencias en materia antidroga. Es más, ese sería el tema central de la visita que ayer iba a realizar el titular de la Casa Blanca a Colombia, pero que fue cancelada el martes pasado.

 

 

Caso Santrich

 

Una prueba más de que el narcotráfico no registró el retroceso que se esperaba con la puesta en marcha de la aplicación del acuerdo de paz se dio esta misma semana, por cuenta nada menos de un excabecilla desmovilizado de las Farc que fue capturado por la Fiscalía con fines de extradición.

Se trata de alias ‘Jesús Santrich’, a quien la DEA le venía siguiendo los pasos desde mediados del año pasado en el marco de una investigación alrededor del intento de introducir 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos. El expediente, que contiene videos, audios y otros soportes probatorios, es, en opinión de la Fiscalía General, concluyente en torno a la presunta reincidencia criminal del exnegociador en La Habana.

Aunque el partido Farc replicó que era un “montaje” de EU, la Fiscalía y otros sectores “enemigos” de la paz, lo cierto es que el Gobierno advirtió que si el delito se cometió después de diciembre de 2016, entonces ‘Santrich’ no sólo saldrá del ámbito de la justicia transicional, sino que podría incluso ser extraditado. Una sala de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tendrá la última palabra al respecto.

 

Si bien es cierto que desde no pocos sectores se ha insistido en que las Farc estaban incumpliendo el acuerdo porque  seguían en el negocio del narcotráfico e incluso no habían entregado la totalidad de los bienes ilícitos para reparar a las víctimas (la Fiscalía puso al descubierto recientemente un testaferrato por más de 650.000 millones de pesos), es evidente que muy pocos pensaban que la verificación de esa reincidencia criminal iba a ser comprobada en la cabeza de uno de sus máximos jefes. Un jefe que, como si fuera poco, pudo presentarse a las elecciones parlamentarias de marzo pasado sin haber pasado por la JEP y alcanzó -pese a su ínfima votación pero por virtud de las gabelas políticas otorgadas por el acuerdo de paz- una curul en la Cámara, en la que debía posesionarse el próximo 20 de julio.

 

 

Asoma la corrupción

Y como si todo lo anterior fuera poco, la implementación del acuerdo de paz sufrió en las dos últimas semanas un nuevo golpe. La Fiscalía, en conjunto con la Procuraduría y la Contraloría, puso al descubierto graves anomalías en el manejo de los fondos cuenta desde donde se direccionan los recursos de cooperación internacional para financiar proyectos para el posconflicto.

Según las pesquisas de los entes de control, las irregularidades –documentadas en más de 2.000 horas de interceptación de llamadas y otras pruebas documentales– tendrían que ver con direccionamiento de contratos a cambio de comisiones económicas, interventorías amañadas, favorecimiento ilegal en la adjudicación… A ello habría que sumarle los bajos porcentajes de ejecución de proyectos, burocratización y hasta posible clientelismo político. Altos funcionarios del fondo “Colombia en Paz” y de la Casa de Nariño, particulares y hasta asesores cercanos a las Farc estarían involucrados. Ya el viernes nueve personas fueron citadas a interrogatorio. Es más, tanto en este caso como en el de ‘Santrich’, aparece involucrado un sobrino de alias ‘Iván Márquez’, segundo al mando del partido de los desmovilizados.

Aunque el Gobierno al comienzo negó las anomalías, al final la contundencia de las pruebas ganó. Incluso no sólo tuvo que dar explicaciones a la comunidad internacional, sino que puso al frente de todo el tema al vicepresidente Oscar Naranjo, quien lo primero que hizo fue remover a la titular de “Colombia en Paz” y planea más cambios.

Como se ve, la puesta en marcha del acuerdo está haciendo agua. A todo lo anterior hay que sumar una implementación normativa a media marcha, con muchas leyes y reformas pendientes; las denuncias del partido Farc sobre un alto número de incumplimientos políticos, jurídicos económicos y sociales; la decepción e incertidumbre de los excombatientes que no reciben apoyo para sus proyectos productivos y de reinserción; la creciente desconfianza ciudadana en la utilidad del pacto; un sistema de justicia transicional como la JEP que nada que arranca a juzgar a los responsables de delitos graves y de lesa humanidad; las amplias dudas sobre si esa facción armada entregó todos sus bienes ilícitos; las Bacrim y elenos queriendo reclutar a los reinsertados; los asesinatos de éstos en varias partes del país; la racha de crímenes contra líderes sociales; y el mismo hecho de que, a partir de julio, diez mandos del partido Farc (es decir de los victimarios) tendrán curules en el Congreso pero las víctimas no, ya que se hundió el proyecto que creaba 16 escaños para ellas en la Cámara…

En fin, una fase de implementación que hace agua, un posconflicto que no se ve ni siente en las regiones y un pacto que en medio de la contienda por la Presidencia de la República no parece tener un panorama despejado en torno a si el próximo gobierno lo cumplirá o no. En otras palabras, el de la paz estable y duradera parece un edificio que aunque apenas está en obra gris ya presenta graves y crecientes grietas.