El control y seguimiento realizado por la Contraloría General de la República a los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la emergencia ocasionada por la pandemia, permitió establecer 30 alertas por sobrecostos de $34.856 millones y da lugar a la apertura de cuatro indagaciones preliminares por $6.074 millones.

A través de un comunicado, el organismo de control informó que los riesgos determinados por la Contraloría en esta etapa inicial, con corte al 15 de junio, proceden de la revisión y análisis realizados a 106 contratos a nivel nacional, por más de $570.000 millones, que tienen por objeto el suministro del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para niños, niñas y adolescentes inscritos en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat), pertenecientes a los centros educativos oficiales del país.

En el marco del control concomitante y preventivo que realiza la Contraloría, se dispuso el inicio de cuatro indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos que ascienden a $6.074 millones, que involucran la contratación en varios municipios.

Se trata de los municipios de Chía, Cundinamarca ($3.771 millones); Medellín, Antioquia ($2.224 millones); Zipaquirá, Cundinamarca ($43 millones); y Arboletes, Antioquia ($34 millones).

Las 30 alertas por posibles sobrecostos, halladas en contratos PAE que aún no se han cancelado en su totalidad, corresponden a $34.856 millones, sobre los cuales se realizarán acciones de control fiscal.

Entre las alertas generadas están las que involucran a 16 municipios del departamento de Antioquia.

Estas poblaciones antioqueñas son Medellín ($11.246 millones), Bello ($924 millones), Rionegro ($839 millones), Turbo ($816 millones), Itagüí ($291 millones), Apartadó ($273 millones), El Bagre ($165 millones), Caucasia ($122 millones), Necoclí ($119 millones), La Ceja del Tambo ($118 millones), Remedios ($113 millones), Sabaneta ($108 millones), Chigorodó ($89 millones), Carepa ($86 millones), Dabeiba ($41 millones) y Arboletes ($31 millones).

En Bolívar hay alertas por la contratación directa del departamento ($9.128 millones) y del municipio Magangué ($621 millones).

En Cundinamarca también se encendieron alertas por la contratación del departamento ($2.474 millones) y de los municipios de Facatativá ($599 millones), Fusagasugá ($22 millones), Funza ($1.130 millones), Girardot ($37 millones) y Soacha ($765 millones).

De la misma manera, en Risaralda hay alertas por la contratación del departamento ($944 millones) y de Pereira ($1.595 millones).

En tanto que en el Valle del Cauca la alerta se prendió por el distrito de Buenaventura ($1.585 millones) y en el Meta por el municipio de Villavicencio ($293 millones).

Para la Contraloría, este panorama evidencia el riesgo al que está expuesto el PAE, dado que la eventual pérdida de estos recursos disminuiría el suministro del complemento alimentario a los niños, niñas y adolescentes, afectando el cumplimiento de los objetivos del programa.

El valor de la contratación del PAE revisada es de $570.267 millones, que incluye los municipios no certificados de: Arboletes, Carepa, Chigorodó, Yarumal, Dabeiba, El Bagre, La Ceja del Tambo, Necoclí, Remedios, Acandí, Atrato, Carmen de Darién, Bahía Solano, Condoto, Río Quito, Tadó, Río Sucio, Río Iró e Istmina.

Abarca también los municipios y distritos certificados de Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Turbo, Cartagena, Magangué, Quibdó, Bogotá, Facatativá, Fusagasugá, Funza, Girardot, Chía, Soacha, Zipaquirá, Villavicencio, Dosquebradas, Pereira, Buenaventura, Cali, Cartago, Guadalajara de Buga y Jamundí.