Cerca de 800.000 menores son víctimas de trabajo infantil, dijo el procurador Fernando Carrillo.

Manifestó el Jefe del Ministerio Público que, si bien el indicador viene decreciendo, las cifras siguen siendo alarmantes. Niños y niñas necesitan atención especializada y con enfoque diferencial.

Cabe recordar que por medio de la Directiva 002 de 2020, Carrillo llamó a autoridades locales a incluir estrategias de corto, mediano y largo plazo en los planes de desarrollo para la protección de las poblaciones más vulnerables.

El Jefe del Ministerio Público recordó que la atención integral en los territorios a las poblaciones más vulnerables es un imperativo constitucional y legal, que solamente podrá concretarse con la realización de unos diagnósticos ajustados a las condiciones reales de vida que tienen, a su inclusión dentro de las estrategias, programas y proyectos locales, con la previsión de los recursos financieros necesarios para su ejecución. Señaló que solamente así, será posible transformar las cifras que a diario dan cuenta de las grandes brechas e inequidades que persisten en el país.

El Procurador instó a los gobernadores y alcaldes para que en el momento de elaborar los planes de desarrollo tengan en cuenta en el componente diagnóstico, la situación de estas poblaciones en los territorios, los mecanismos que garanticen la participación ciudadana y un enfoque diferencial, que permita el reconocimiento de las características particulares de la población (edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad física o mental) para la atención de sus necesidades.

Estrategias

En el componente estratégico pidió incluir acciones, políticas, planes, proyectos y recursos suficientes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, el cumplimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la prevención y erradicación del trabajo infantil y del maltrato físico, emocional, psicológico contra niños, niñas y adolescentes.

En materia de juventud, la Procuraduría recomendó a los mandatarios tener una plataforma autónoma como escenario de encuentro para la articulación, coordinación e interlocución de las juventudes, y cumplir con la conformación del Consejo Municipal de Juventud. Frente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) demandó la implementación de acciones de protección integral para garantizar que los adolescentes que infringen la ley penal reciban de las autoridades un trato digno; y recomendó incluir gestiones para la construcción de los Centros Transitorios (Cetra) y los Centros de Atención Especializada (CAE).

Así mismo, el jefe del Ministerio Público solicitó tener en cuenta la perspectiva de género en la planificación territorial e incluir la prevención y atención para víctimas de la violencia en la agenda de los Consejos de Política Social. Pidió implementar políticas encaminadas a lograr equidad para las mujeres y la eliminación de las violencias por razones de género; también programas para la protección de la población mayor y de las personas con discapacidad.

“En cada territorio debe existir el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (Rlcpd), herramienta que sirve para obtener información necesaria para ajustar las políticas públicas que se requieran, e impulsar la participación de estas, en igualdad de condiciones frente a las personas que no tienen ninguna discapacidad”, según la directiva.

Recursos

En el aspecto financiero que deben tener todos los planes de desarrollo local, la Procuraduría insistió en la importancia de incluir los recursos para garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y familias, así como de las personas con discapacidad y personas mayores.

“Los planes de inversión deben incluir recursos suficientes para implementar políticas públicas con perspectiva de género y brindar la atención integral a la población desde los enfoques de derechos, diferencial, de discapacidad, étnico, interseccionalidad, curso de vida, territorial y de acción sin daño”, se precisó en la directiva.

La Procuraduría instó a las asambleas, concejos distritales y municipales a realizar el control político a los planes de desarrollo y verificar que correspondan con los resultados de los diagnósticos de la niñez y la adolescencia y demás poblaciones señaladas en la directiva y, verificar que se hayan hecho de manera participativa con actores de la sociedad civil y los sectores de la administración pública.

A las entidades del orden nacional integrantes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a las consejerías de la Niñez y la Adolescencia, de la Mujer y de la Juventud y al Departamento Nacional de Planeación (DNP) pidió destinar y apropiar los recursos necesarios para la implementación de las políticas públicas en beneficio de la población más vulnerable, y brindar asistencia técnica para la formulación de los planes de desarrollo, suministrando los lineamientos y herramientas técnicas necesarias para su implementación.