La intervención de la Procuraduría General de la Nación ante los juzgados laborales del circuito de Bogotá permitió a Colpensiones la recuperación de títulos judiciales que superan los $6.500 millones.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), por diversas razones no había podido reclamar esos títulos judiciales, denominados remanentes, y se encontraban en riesgo de perderse en detrimento del erario.
La recuperación de esos recursos se logró a partir del trabajo coordinado entre el Ministerio Público, los juzgados laborales del circuito de Bogotá y Colpensiones, que en ‘Mesas técnicas de colaboración armónica’ realizaron 24 sesiones de trabajo entre junio de 2017 y febrero de 2018 y revisaron 547 procesos ejecutivos en siete juzgados laborales de Bogotá.
Esa metodología de trabajo permitió también ofrecer una respuesta por parte de Colpensiones a los ciudadanos que presentaron demandas ejecutivas contra dicha administradora.
La Procuraduría General de la Nación continuará realizando estas mesas técnicas en los juzgados laborales.
Otras denuncias
La semana pasada y por denuncias de Colpensiones fueron capturadas por las autoridades cuatro personas que, desde 2015, se habrían dedicado a engañar ciudadanos que necesitaban adelantar trámites legales ante la entidad.
“En el marco de las investigaciones que adelanta la Fiscalía para luchar contra la corrupción y garantizar los recursos de las pensiones de los colombianos, y con el ánimo de proteger el derecho a tener ingresos dignos y acordes con lo aportado durante el tiempo de trabajo, el ente investigador, de la mano con la Dijin de la Policía Nacional, logró la desarticular esta red”, señaló la Fiscalía.
Los detenidos, Amanda Almonacid Gómez, Francisco Jair Martínez Acuña, Néstor Raúl Romero Correa y Jeferson Stiven Reyes Suárez, supuestamente montaron una oficina de abogados especializados en pensiones sin tener el título ni la especialidad, y crearon un sistema a través del cual llegaron a timar a cerca de 100 personas que querían adelantar trámites relacionados con su pensión.
De acuerdo con la investigación, los presuntos estafadores llegaban al sitio de trabajo de sus víctimas o las contactaban vía telefónica para encontrarse con ellas en un sitio público y ofrecerles sus servicios. Una vez las convencían, atendían solicitudes para traslado de los fondos privados a Colpensiones, y les ofrecían la posibilidad de beneficiarse con el régimen de prima media sin el cumplimiento de los requisitos legales; entre otras cosas, porque estaban a menos de diez años de lograr la pensión, por lo que era improcedente el traslado.
“Es necesario recordar que, de acuerdo con el artículo 1, literal e, de la Ley 797 de 2003, ‘(…) Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (…)’, lo que hacía la pretensión de estas personas abiertamente ilegal”, dijo la vicefiscal María Paulina Riveros, quien entregó los resultados de la investigación junto al general Wilson Pardo y Diego Ortega.
La red presuntamente cobraba entre $10’000.000 y $15’000.000 por trámite que realizaba, y llegó a apropiarse de más de $800’000.000 del patrimonio de los ciudadanos de forma fraudulenta. Los supuestos abogados radicaban documentos falsos ante Colpensiones, entidad que detectó la irregularidad y negó las solicitudes presentadas; sin embargo, lograron mantener engañados a los clientes y jamás les devolvieron el dinero.
Colpensiones hizo la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, que adelantó las investigaciones y determinó que la banda no sólo delinquía en Bogotá; fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca -especialmente en Palmira-, Santander, Antioquia y el Eje Cafetero.
Entre las víctimas hay jueces, fiscales y otros funcionarios; a muchas de ellas, incluso, el comité de multivinculación les había aprobado el traslado pero, al darse cuenta de la falsedad, revocó la decisión y las regresó a los fondos privados.