Procuraduría pidió revocar amnistía a ‘Mata Hari’ | El Nuevo Siglo
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Miércoles, 18 de Marzo de 2020
Redacción Nacional

Por considerar que la conducta en la que participó la desmovilizada de las Farc, Marilú Ramírez Baquero, en el ataque con carro bomba a la Escuela Superior de Guerra el 19 de octubre del 2006, es terrorista, la Procuraduría General de la Nación pidió ayer a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) revocar el beneficio de amnistía otorgado.

En su escrito a la Sección de Apelación de la JEP, el Ministerio Público señaló que la conducta de Ramírez Baquero hizo parte de actos orientados a causar terror a la población civil mediante el empleo de métodos y medios de guerra ilícitos, lo que se constituye en crímenes de guerra y por lo tanto, en conductas no amnistiables.

Ramírez Baquero fue condenada a 27 años y 4 meses de prisión por el atentado con carro bomba perpetrado por las Farc contra la Escuela Superior de Guerra, el 19 de octubre del 2006.

La Procuraduría precisó que, con el atentado no se respetó el principio de distinción, pues no se encontraron elementos que mostraran que el ataque con carro bomba fuese dirigido exclusivamente contra un objetivo militar legítimo, ya que se lesionaron bienes jurídicos tanto de civiles como de militares.

“El objetivo del ataque fue de carácter mixto”, indicó el Órgano de control al explicar que se atentó contra la Escuela Superior de Guerra, que colindaba con la Universidad Militar Nueva Granada y otros bienes protegidos, lo que a su vez generó terror en la población civil.

Para la Procuraduría, el carro bomba utilizado se considera como un artefacto explosivo improvisado que, al detonar no diferenció entre civiles y militares causando lesiones a quienes se encontraban cerca, “circunstancia que, sumada al lugar y la hora de la explosión, da mérito para calificar tal conducta como un ilícito internacional”.

Señaló la Procuraduría General de la Nación en su escrito a la JEP, que el Estado no fue el único sujeto pasivo del hecho, pues los daños a civiles y personas protegidas eran necesarios para la finalidad político-militar que perseguían las Farc y, por lo tanto, también fueron víctimas y sujetos pasivos de la conducta cometida.