Tras la recaptura de la excongresista Aída Merlano en territorio venezolano, está la inquietud de cuál será el mecanismo para que regrese al país a cumplir su condena debido a que actualmente no existen relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro.

Ayer en la mañana la ministra de Justicia, Margarita Cabello, señaló en entrevistas radiales que el Gobierno pedirá su extradición ante Juan Guaidó, actual presidente de la Asamblea de Venezuela.

“Como es de todos conocido, Colombia junto con varios países de América Latina y el resto del mundo, no reconoce y por ende no tiene relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Cuando el juez competente solicite la extradición de la señora Aída Merlano, el Gobierno nacional hará la solicitud ante el legítimo Gobierno de Venezuela, en cabeza de Juan Guaidó”, indicó.

Cabello señaló que se está a la espera de la confirmación oficial por parte de Interpol Venezuela sobre la captura. “No hemos recibido esa confirmación oficialmente, hay una circular roja y estamos esperando la confirmación oficial para que el juez competente haga la solicitud de extradición”, agregó la Ministra.

“Lo que tenemos de información es que se encuentra en el estado de Zulia en Maracaibo, pero el tema es por el manejo de las relaciones, la comunicación adecuada es de Interpol a Interpol”, puntualizó la funcionaria.

Dos opciones

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, afirmó que hoy solo existen dos opciones para que Merlano retorne al país: la extradición o la deportación, pero las dos “se ven difíciles”.

“Para traer a una persona que se fuga hay dos vías: una, que el gobierno en donde está ella en este momento, el venezolano, la deporte. O utilizar el mecanismo de la extradición, que es un mecanismo de cooperación. Particularmente veo muy difícil cualquiera de las dos porque no hay relaciones con Venezuela”, expresó a EL NUEVO SIGLO.

Para el exmagistrado el pedido de extradición hecho a Guaidó “no tiene ningún sentido porque su reconocimiento es político, todos sabemos que él no está en ejercicio del poder gubernamental sino que es el dictador Maduro”.

En relación con la deportación, que sería decisión exclusiva del gobierno de Maduro, afirmó que “eso depende de ellos. Habrá que ver en qué tónica están (las autoridades venezolanas). Yo lo veo difícil, ahí no hay ninguna cooperación. Hay todo lo contrario: una agresión recíproca entre los dos gobiernos”.

Respuesta de Guaidó

Juan Guiadó, presidente interino de Venezuela, respondió a través de un breve comunicado sobre la solicitud de extraditar a Merlano. El también Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela señaló que los funcionarios de su país están en “la obligación” de notificar oficialmente al Gobierno de Colombia sobre la captura de la excongresista.

“El Gobierno legítimo de Venezuela dará toda la colaboración posible en el actual contexto de secuestro institucional que atraviesa nuestro país para brindar al Gobierno hermano de Colombia el marco jurídico e institucional necesario para facilitar el retorno de la excongresista a su país”, expuso Guaidó, quien le pidió a lnterpol “su contribución y mayor colaboración posible para la ejecución efectiva de las medidas que sean solicitadas por el Gobierno de la República de Colombia”.

Traslado a Caracas

Los delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir le imputó ayer la Fiscalía venezolana a Merlano.

Tarek William Saab, fiscal general del vecino país, anunció que  la excongresista  quedará privada de su libertad "en un centro de reclusión debidamente previsto por las autoridades judiciales venezolanas".

El Ministerio Público venezolano también imputó cargos Yeico Manuel Vargas Silvera, quien se encontraba con  Merlano al momento de su captura. Vargas Silvera fue acusado por encubrimiento y asociación para delinquir y también quedará privado de la libertad.

Puede colaborar con la justicia

Fabio Espitia, fiscal general encargado, reconoció desconocer cuál será el procedimiento para que Merlano sea trasladada a Colombia.

“Aquí hay y un problema que tiene que ver con el manejo que le dé una autoridad extranjera, es un aspecto que puede ser de deportación o uno más lento que es el de extradición”, dijo.

Adicionalmente, señaló que no existe impedimento para que pueda colaborar con la justicia, si así lo decide, y a cambio recibir beneficios. “Siempre existe la posibilidad de acercamiento con condenados o procesados. Si es una persona que está condenada al antiguo Código de Procedimiento Penal también se pueden mirar los beneficios por colaboración a la justicia. Todo esto está abierto con cualquier procesado”, sostuvo.

Indicó que la congresista, de regresar a Colombia, deberá cumplir su condena y afrontar el nuevo proceso en su contra por fuga de presos.

“Inmediatamente se tiene que poner por cuenta de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla su condena por parte de un juez de ejecución de penas, y nosotros solicitaríamos la correspondiente audiencia para la imputación del delito”, dijo el fiscal.

El proceso

Merlano fue sentenciada en septiembre pasado a 15 años de cárcel por corrupción electoral después que la Corte Suprema la encontrara culpable de los delitos de concierto para delinquir y compra de votos.

La Fiscalía había acusado a la exrepresentante por Atlántico de ser la líder de una empresa criminal que habría comprado votos en ese departamento y haberse gastado alrededor de $6.000 millones para conseguir su elección el 11 de marzo de 2018, cuando alcanzó 73.250 votos.  

Según el testigo principal de la investigación, Francisco Valencia, el grupo delictivo que lideraba la excongresista lo conformaban 2 mil personas aproximadamente, algunos de ellos encargados de conseguir votos y zonificar sufragantes.

Entre los colaboradores se encontraban funcionarios de la Registraduría que informaban, con anterioridad, sobre los votantes que participaban en la jornada electoral.

Dos semanas después de la condena, cuando cumplía con una cita odontológica en un centro médico en el norte de Bogotá, se fugó de las autoridades. La excongresista, que estaba recluida en la cárcel El Buen Pastor, descendió por una soga desde el tercer piso del consultorio y cuando se encontraba afuera se subió en una moto que la estaba esperando para posteriormente emprender la huida.