El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, expresó su preocupación por el hundimiento en el Congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 y advirtió que una disminución del 17.4% en el presupuesto de inversión afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que incluso podría comprometer las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026.

Recordó que, en la presentación del proyecto general de presupuesto, lo primero que observó la Contraloría es que se estaba frente a un proyecto desequilibrado en más de $12 billones, cifra bastante considerable frente a la capacidad real de financiamiento que ostenta el actual gobierno, y que representa un significativo riesgo financiero que solo se puede manejar con el proyecto de Ley de Financiamiento.

En el transcurso de este año, la Contraloría General de la República emitió una función de advertencia en relación con el manejo de la expedición del decreto de liquidación del presupuesto, hecho que generó incertidumbre y confusión y obligó al Gobierno nacional a revertir algunas decisiones adoptadas allí.

El Contralor Rodríguez Becerra hizo un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico del Presupuesto, con el fin de contar en 2025 con un presupuesto ejecutable en su totalidad, con un enfoque que permita una ejecución más fluida y evite la necesidad de que la Contraloría emita nuevas funciones de advertencia.

El Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra presentó su posición sobre el manejo presupuestal al intervenir en la VII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, en Cartagena. Comenzó su intervención diciendo que la no aprobación del Presupuesto General de la Nación para el 2025 por parte del Congreso es un hecho que no tiene precedente en la historia reciente del país, y llamó la atención en el sentido de que esta situación no debe obstaculizar la disposición de un presupuesto que responda de manera adecuada a las necesidades actuales y cuente con los mecanismos necesarios para ser ejecutado de manera eficaz y eficiente.

“Es fundamental destacar la importancia de proponer un Presupuesto General que garantice un financiamiento responsable, permitiendo avanzar en áreas prioritarias como el desarrollo social, económico y ambiental”, subrayó.

Señaló varias preocupaciones puntuales que tiene como Contralor General de la República sobre el tema presupuestal:

1. Me preocupa el déficit. El presupuesto proyectado para el 2025 presenta un desequilibrio de 12 billones. Esta situación representa un riesgo financiero significativo que debe abordarse mediante un proyecto de ley de financiamiento.

2. Me preocupa la reducción de la inversión. La Contraloría General de la República manifiesta su inquietud por la reducción del 17.4% en el presupuesto destinado a inversión para el 2025. Esta disminución afecta a sectores claves como vivienda y agricultura, lo que podría comprometer las metas del Plan de Desarrollo 2022-2026.

3. Adicionalmente, está el impacto en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es fundamental que el Gobierno defina cómo se financiarán las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, dado su papel crucial en la sostenibilidad fiscal y en la estabilidad de los precios de los combustibles en el país.

El Contralor hizo un llamado a seguir de manera rigurosa los lineamientos del Estatuto Orgánico de Presupuesto para aprobar un presupuesto ejecutable. Este enfoque permitirá, sin lugar a dudas, una ejecución más fluida y evita la necesidad de que la Contraloría esté emitiendo funciones de advertencia.

“Lamentablemente, lo que hemos podido evidenciar es que se vienen generando riesgos fiscales al momento de hacer proyecciones o estimaciones de los ingresos que financian el Presupuesto General de la Nación”, advirtió.

“Los riesgos fiscales empezamos a evidenciarlos en la vigencia actual, cuando el Gobierno se vio en la imperiosa necesidad de aplazar partidas presupuestales por $20 billones, como resultado de haber sobreestimado los ingresos del Presupuesto. Y considero, por lo que he venido observando, que deberá existir un nuevo aplazamiento antes que termine el año”, agregó.

Para el Contralor Rodríguez Becerra, las partidas aplazadas van a terminar reduciéndose porque definitivamente los recaudos no se van a dar y, sin lugar a dudas, se termina afectando el cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo, contraviniendo el principio presupuestal de planificación contemplado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto.

“Lo que me llama poderosamente la atención es que las estimaciones erradas de los ingresos presupuestados en la vigencia de 2024 no fueron resultado de factores macroeconómicos externos. Simplemente fueron el resultado de incorporar ingresos con un alto nivel de incertidumbre, con una alta probabilidad de no recaudarse”, comentó.

El Contralor hizo un llamado de atención sobre los siguientes puntos:

• Cuando los ingresos no se recaudan por factores macroeconómicos externos, como, por ejemplo, la caída del PIB, la caída de las importaciones, la crisis económica de la pandemia, los riesgos fiscales son justificados porque existen imprevistos.

• Las estimaciones erradas de los ingresos corresponden a los riesgos fiscales en los que quiero advertir que se atenta contra el artículo 35 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, donde se establece que el cómputo de las rentas que deben incluirse en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación tendrá como base el recaudo de cada renglón rentístico.

• Es claro que las rentas que financian el presupuesto se tienen que calcular con bases reales en lo que se espera recaudar en la vigencia fiscal. No se pueden incorporar al presupuesto ingresos inciertos, como sucedió en el año 2024.

En adelante, el Gobierno Nacional tiene que mejorar sustancialmente las bases de cálculo de los ingresos que financiarán el presupuesto de las siguientes vigencias fiscales, tomando como base los recaudos esperados, sin considerar como fuente de financiación ingresos inciertos, para evitar los riesgos fiscales que evidencian una ineficiente programación presupuestal, que inevitablemente conduce a una mala ejecución.

En segundo lugar, quiero llamar la atención sobre los elevados montos de reservas presupuestales: superan los 30 billones al cierre de la vigencia 2023. La verdad, yo no logro entender las razones por las cuales no se ejecutan estos compromisos antes de celebrar nuevos contratos, que tampoco se ejecutarán porque se da prioridad a los compromisos amparados con reservas constituidas.

Es imprescindible que se realice hoy una priorización del gasto. Con esto se contribuirá a reducir el déficit de gobierno, a endeudarse menos, lo cual le permitirá cumplir con la regla fiscal. Y aquí quiero manifestar que no comparto la solicitud del gobierno de modificar la regla fiscal cuando cuenta con instrumentos necesarios que se pueden adoptar para cumplirla.

En tercer lugar, me preocupa la cantidad de recursos que están en fiducias y patrimonios autónomos. No entiendo las razones por las cuales el Tesoro Nacional busca recursos en el mercado a través de la colocación de TES, presionando las tasas de interés para hacer atractiva la compra de sus títulos, cuando tiene altas cuantías de recursos en fiducias y patrimonios autónomos, donde se obtiene una rentabilidad mucho menor que los intereses que paga por títulos del tesoro TES que colocó.

La Contraloría observa con preocupación los bajos niveles de ejecución del presupuesto de la actual vigencia, en términos de compromisos. Preocupa más si se revisan los indicadores en términos de obligaciones que corresponden a la verdadera ejecución. Se sugiere que si una entidad no va a alcanzar a ejecutar el presupuesto en lo que resta del año, tramite autorización para vigencias futuras de sustitución de apropiaciones, con lo cual evita inducir a que se coloquen reservas presupuestales.

Por último, en cuanto al proyecto con relación al presupuesto 2025, recomiendo tener en cuenta lo establecido por el artículo 55 del Estatuto Orgánico de Presupuesto: Si el presupuesto fuere aprobado sin que se hubiere expedido el Proyecto de Ley sobre los recursos adicionales, el Gobierno debe suspender mediante decreto, las apropiaciones que no cuentan con financiación hasta tanto se produzca una decisión final por parte del Congreso de la República.

El Presupuesto está desfinanciado en 12 billones de pesos, que será lo que tiene que estudiar el Congreso de la República, pero mientras el Congreso estudia, quedan congeladas las partidas presupuestales de esa magnitud de 12 billones. Si el Congreso de la República no lo aprueba, pues tendrá que expedirse entonces un nuevo decreto de recorte presupuestal de esos 12 billones, para que se realicen, reitero nuevamente, ejecutándose o haciéndose acorde a la realidad que tenemos en el momento.