La disputa entre el Distrito y CGR, la empresa a cargo del vertedero Doña Juana, continúa activa, especialmente debido a una reciente resolución que Claudia López celebró en su cuenta de "X", antes llamada Twitter. "El Consejo de Estado ha aceptado el recurso de nulidad presentado por el equipo legal de la Alcaldía contra el fallo arbitral emitido en abril, que ordenaba un pago de $64,000 millones a CGR, el operador del relleno".
A su vez, indicó que "agradecemos su oportuna intervención y la valoración de nuestra defensa de los bogotanos. La privatización de la justicia ha sido un absoluto desastre para el Interés público y la ciudadanía. Roscas sin vigilancia y llenas de conflictos de interés (para decir lo menos) para favorecer grotescamente negociantes, desconocen la cosa juzgada, hacen fallos sastre a la medida de intereses particulares y contrarios a la Ley".
"Es CGR la que está en deuda con la Alcaldía de Bogotá y sus habitantes. Gracias a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y la Secretaría Jurídica Distrital que han defendido con todo rigor y valentía a los bogotanos", anunció la alcaldesa.
Finalmente precisó que "gracias al POT Bogotá, dejaremos atrás la pesadilla de CGR y un relleno de enterramiento de basuras y afectación de la salud y el ambiente de los bogotanos y pasaremos a tener un parque de innovación tecnológica para reciclar, transformar y aprovechar los residuos en economía circular consistente con nuestro POT y Plan de Acción Climática".
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Sin embargo, horas después el Consorcio respondió respecto a los recursos de anulación.
A través de un comunicado que con ocasión del mensaje publicado por la Alcaldia Mayor de Bogotá, sobre estos recursos extraordinarios de anulación presentados por CGR Doña Juana S.A. E.S.P. y la Uaesp contra el Laudo Arbitral proferido el 11 de abril de 2023, informó que El Consejo de Estado no ha fallado el recurso de anulación presentado por la Uaesp; no ha proferido ninguna decisión de fondo.
Esa alta Corte simplemente admitió, es decir, va a dar trámite a los recursos de anulación interpuestos por ambas partes y no solamente al presentado por la Uaesp, como lo pretende hacer ver el Distrito.
En relación a esto, el efecto de la suspensión del laudo se encuentra establecido en la ley y aplica no solo para las pretensiones de la Uaesp, sino también para lo concerniente al plazo del contrato de concesión 344 de 2010.
"La Alcaldia nuevamente pretende con la información publicada en redes sociales politizar una decisión de carácter judicial, como ya lo ha hecho en anteriores instancias, desconociendo la independencia de poderes y desinformando a los bogotanos y al país, con acusaciones veladas y tergiversaciones de la realidad", se lee en el comunicado.
Por último, el CGR rechazó las intromisiones y los señalamientos contra la justicia y reitera su respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y confirmó que "continuará prestando ininterrumpidamente los servicios de disposición final y tratamiento de lixiviados como lo ha hecho desde diciembre de 2010, cumpliendole siempre a los bogotanos".