El informe final de la Comisión del Gasto da una serie de recomendaciones para que el Estado haga buen uso de los recursos. Hay que tomar acciones en salud, educación, regalías, asuntos laborales y otros temas que desbordan el presupuesto del país

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El Gobierno recibió el informe final de la Comisión de Gasto Publico que fue convocada en cumplimiento con lo estipulado en la Ley 1819 de 2016 o reforma tributaria.

La Comisión, integrada por expertos economistas, se dio a la tarea durante un año de buscar los mecanismos que permitan que el Estado tenga un gasto más ordenado y eficiente.

El informe entregado al presidente Juan Manuel Santos y al ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, consta de diez capítulos en 344 páginas en las que los analistas Raquel Bernal, Jorge Iván González, Juan Carlos Henao, Roberto Junguito, Marcela Meléndez, Armando Montenegro, Juan Carlos Ramírez, José Darío Uribe Leonardo Villar, hacen las recomendaciones no solo a este Gobierno sino al entrante el 7 de agosto para ordenar en parte las finanzas del Estado.

Pensiones

Una serie de recomendaciones presentó la Comisión del Gasto al Gobierno sobre las reformas que requiere el país para mejorar su estructura fiscal.  Dentro de las iniciativas de la Comisión, cuyo resumen se conoció en diciembre pasado, se destacó que el gasto en pensiones representó el 3,4% del PIB en 2016 y solo se benefició el 24% de la población pensionada.

El vocero del informe, Leonardo Villar, director de Fedesarrollo, relató que se propone aumentar la edad de jubilación aumentándola cada cinco años, pero dependiendo de una información demográfica detallada.

Así mismo, una de las principales ideas del informe, es que para que un colombiano obtenga la pensión, se use el promedio salarial de toda la vida laboral para calcular el ingreso base de liquidación o, hacerlo, al menos, con un promedio de los últimos 20 años y no de los últimos diez años como funciona ahora.

De la misma manera, se estima que se debe aumentar la cotización que se hace al sistema de pensiones, desde el 16% actual hasta 18%, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.

De acuerdo con Villar, se proyecta que el Gobierno debe reducir el tope de 25 salarios mínimos para las pensiones del Régimen de Prima Media (RPM). Y, dijo, también establecer un gravamen a las pensiones altas para aliviar la carga sobre las finanzas públicas. 

Villar explicó que hay dos propuestas para mejorar el sistema pensional: marchitar el RPM; y crear un sistema de pilares en el que los trabajadores de un salario coticen al RPM administrado por Colpensiones.

En cuanto a las pensiones en el sector de educación, la Comisión propone eliminar la diferencia en la edad de pensiones de los maestros frente al régimen general de pensiones para hacerlo más equitativo; y además, que los recursos del fondo del magisterio, Fomag, pase a manos de Colpensiones.

Gasto inflexible

Para la Comisión el gasto no solo nacional sino territorial es inflexible. Por ejemplo, la normatividad define de manera detallada el uso que los departamentos y municipios pueden dar a los recursos del SGP, rubro que representa la mitad de sus ingresos.

Esta inflexibilidad que se impone sobre la distribución y el uso de las transferencias de la Nación a los entes territoriales, es entendible en la medida en que con ello se busca asegurar que los recursos se destinen a la provisión de los servicios que se trasladaron a los gobiernos locales al ocurrir la descentralización.

No obstante, como se da  en educación, las fórmulas de distribución son muy rígidas y dejan poco espacio a la autonomía territorial, lo cual podría generar ineficiencias en el gasto de este sector.

Para la Comisión, una parte importante del gasto de los entes territoriales se hace con los recursos transferidos desde la nación a través del SGP. Los recursos propios provenientes del esfuerzo tributario local son importantes, pero podrían ser mayores.

Por otra parte, los recursos de regalías según el nuevo sistema que estableció la reforma constitucional de 2011, no están siendo aprovechados como era de esperar.  

Un mayor esfuerzo tributario propio y un uso más eficiente de los recursos de regalías no solo beneficiarían a los entes territoriales, sino que además podrían aliviar la situación financiera de la nación, cuya perspectiva luce difícil en los próximos años.

Gasto eficiente

El documento también da a conocer algunas iniciativas para reducir  la fragmentación del proceso presupuestal y transitar hacia un presupuesto de funcionamiento e inversión unificado por programas en el que haya mayor agilidad y responsabilidades para los gerentes y ejecutores; todo ello bajo un esquema de controles que desestimulen las malas prácticas en su ejecución.

Para que esto funcione, la ley de presupuesto debe enfocarse en la aprobación de los rubros agregados por programas y regiones. Es decir, para que la flexibilidad acotada que se otorga a los ejecutores se traduzca en ganancias en eficiencia, la ley de presupuesto debe dejar de ser parte integral de la misma. Hacer una revisión y evaluación de las inflexibilidades que generan las rentas de destinación específica y los gastos provenientes de mandatos de ley en el presupuesto, y adoptar las decisiones pertinentes en cada caso.

Instaurar mecanismos institucionales que le permitan al Gobierno, al Congreso, a las cortes y jueces (y a la sociedad en general) conocer cuantificaciones del costo que tienen las diferentes decisiones con implicaciones de gasto, cuando quiera que éstas se están discutiendo o decidiendo.

Reducir los fondos extrapresupuestarios que, si bien generan mayor flexibilidad en el uso de los recursos, no permiten hacer seguimiento, evaluación y control de su asignación y ejecución, debido a que no tienen la obligación de proveer información y escapan al sistema de compras y contratación pública.

Paralelamente, para desincentivar la utilización de estos mecanismos ineficientes, se deben ajustar los mecanismos de planeación y ejecución plurianual existentes.

El análisis indica que resulta necesario incluir mecanismos de presupuestación que permitan una visión integrada de las necesidades de gasto de inversión nacional y regional, y las diferentes fuentes de recursos que pueden financiarlas, como los de regalías y del Sistema General de Participaciones (SGP), entre otros.

La unificación del presupuesto de funcionamiento e inversión requiere un cambio institucional en el que haya una sola unidad presupuestaria, fusionando las competencias de la dirección de presupuesto del MHCP y del DNP. Una dirección de presupuesto unificada permitiría un tránsito más ágil hacia la adopción de un esquema pensado por programas.