Tras un riguroso análisis jurídico y agotado el debido proceso, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), terminó unilateralmente el contrato con el consorcio RCG, encargado de las obras en el sector de Caregato, en la subregión de La Mojana.
Esta decisión se fundamenta en que el cierre del boquete no se concretó, y no podrá lograrse con los diseños y el método constructivo empleados, por lo tanto, invertir el saldo restante del contrato, más de 100 mil millones de pesos, constituiría una gestión antieconómica e ineficiente con los recursos del Estado.
Luego de intensos diálogos, múltiples requerimientos y en cumplimiento de los compromisos adquiridos con el pueblo mojanero, la UNGRD tomó la decisión de declarar la terminación unilateral, es importante destacar que el consorcio RCG no presentará recursos contra la entidad y se someterá a un tribunal de arbitramento para resolver las controversias sobre las cantidades de obra ejecutadas. El pago de las contraprestaciones reclamadas por el consorcio RCG harán parte de la liquidación del contrato.
Para garantizar un proceso de liquidación transparente y equitativo, la UNGRD propuso la implementación de un arbitraje en derecho, que será gestionado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Con esta decisión, la UNGRD liberó $103 mil millones de pesos que serán invertidos de manera inmediata en el boquete, la Unidad contratará una obra de emergencia a cargo de la Subdirección de Manejo y de manera paralela avanzará en los estudios para estructurar un proyecto duradero que responda a las necesidades de la región, al principio de planeación y permita recuperar el cauce del rio Cauca.
Cabe recordar que el dique se volvió a romper el pasado seis de mayo, apenas dos meses después de que el contratista RCG reportara el cierre. Hoy el boquete tiene una longitud de 62.8 metros.
La terminación unilateral del contrato es una decisión debidamente motivada que está respaldada por precedentes establecidos por el Consejo de Estado, que refuerzan la legalidad de la terminación cuando las condiciones del servicio público así lo requieran.