Tras una encuesta realizada por la Veeduría Distrital que buscó aproximarse al estado de salud mental y la percepción sobre los canales habilitados por la Administración Distrital para la comunicación con la ciudadanía durante la pandemia, el ente de control precisó ayer que el 84% de los encuestados dijo estar preocupado por contraer el coronavirus y el 70% de morir a causa del mismo. Además, al 64% le preocupa la situación social y económica de la ciudad luego de superada la emergencia.

El 27% de los encuestados manifestó sentirse mucho más nervioso, en una proporción mayor para mujeres (31%) que para hombres (21%). Adicionalmente, el 21% manifestó sentirse mucho más decaído que antes, mientras que el 13% de los encuestados tienen o conviven con una persona a la cual se le ha diagnosticado alguna enfermedad mental que requiere tratamiento.

Al indagar sobre la percepción acerca de las campañas de comunicación de la Administración Distrital, el 74% considera que la información que ha recibido es oportuna, el 70% que es clara y el 56% que es suficiente.

Seis recomendaciones

La Veeduría Distrital, conjuntamente con el apoyo de la Fundación Saldarriaga Concha, experta en inclusión de personas mayores, con discapacidad y que ha trabajado la salud mental como estrategia para disminuir el riesgo de discapacidad psicosocial, establecieron una serie de recomendaciones de política pública para construir, de manera urgente, políticas de atención de corto, mediano y largo plazo en la ciudad, que permitan reducir las afectaciones de salud mental durante la pandemia y aportar a la resiliencia colectiva.

En una primera medida, es necesario replantear y repensar la política pública de salud mental diseñada para el Distrito en el 2015, que tenga en cuenta acciones de mayor impacto desde el marco de Atención Primaria en Salud junto a las necesidades diferenciales de diversos grupos poblacionales que presentan mayor riesgo y vulnerabilidad, como son  niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres y población en condición de pobreza, para evitar el aumento en la  prevalencia de situaciones de violencia y otro tipo de riesgos asociados a la aparición de problemas y enfermedades mentales.

En segundo lugar, es necesario asegurar acciones promocionales en salud mental sencillas y que sean divulgadas rápidamente que involucren los diferentes entornos en donde permanece el individuo y que fortalezcan la capacidad resiliente de las personas y la comunidad.

En tercer lugar, en materia de tratamiento para la enfermedad mental,  la Administración Distrital tiene una oportunidad para reducir las barreras de acceso a la atención, ocasionadas por la emergencia sanitaria y hacer un seguimiento más estricto a la adherencia al tratamiento de pacientes con condiciones mentales, tanto en la red pública como privada. Esto se puede lograr, entre otros,  a través de campañas dirigidas a la no estigmatización frente a las temáticas en salud mental.

En cuarto lugar, la ciudad debe adelantar mediciones rigurosas y con base científica sobre el estado de salud mental de los habitantes de Bogotá. Los impactos de eventos traumáticos como epidemias o desastres naturales, están ampliamente documentados y pueden ser agravados por factores asociados a la coyuntura actual como la incertidumbre sobre la evolución de los casos de contagio, el riesgo de contraer la enfermedad, la inestabilidad laboral y financiera, o la exposición a diversos tipos de violencia en el hogar.

En quinto lugar, es urgente ampliar e implementar canales complementarios de diálogo con la ciudadanía por fuera de las redes sociales y los medios de comunicación masiva, para así garantizar la transparencia y equidad en el acceso a la información para todos los habitantes de la ciudad.

Por último, en una situación de emergencia epidémica donde se han generado gran cantidad de enfermos y fallecidos, sobre la que no se tiene certeza acerca de su duración no es solamente un problema de resorte al sector salud; requiere del trabajo articulado con otros actores como instituciones gubernamentales, ONG, autoridades locales y la propia comunidad, para promover soluciones de salud mental basadas en la construcción de capital social y así promover la capacidad de resiliencia en la ciudad.

Se trata de estrategias continuas, que pasan por mediciones permanentes y actualización de intervenciones que deben ir más allá de líneas telefónicas de atención que, aunque son válidas, no son suficientes para responder al diagnóstico encontrado.