EL PLAZO para que las víctimas del conflicto armado en Colombia rindan declaración ante la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación y Personería ahora será de tres años. Anteriormente, el lapso para llevar a cabo la diligencia era de dos años.
La información la dio a conocer la Unidad de Víctimas, la cual, a través de un comunicado, informó que la medida comenzará su implementación tras la puesta en vigor de la Ley 2343 de 2023. “La principal modificación que dispone esta ley es que pasó de dos a tres años el plazo para hacer la declaración a partir de la ocurrencia del hecho victimizante”, indicó la organización.
También destacó que “el cambio beneficia a quienes sufrieron hechos victimizantes ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 y que nunca habían declarado. Con la nueva norma, las víctimas podrán declarar estos hechos hasta el 29 de diciembre de 2024, sin necesidad justificar fuerza mayor”.
De acuerdo a la Unidad de Víctimas, otro escenario que modifica la norma es el de quienes ya declararon y se les negó la inscripción en el RUV, “bien sea porque declararon por fuera de los plazos establecidos o porque no están cobijados por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. En estas ocasiones, no es necesario volver a declarar puesto que la Unidad para las Víctimas valorará cada caso y comunicará la decisión”.
La entidad, de la misma manera, afirma que una de las razones de ser de esta ley es reducir el subregistro que existe en el RUV y contribuir al derecho a la verdad, de acuerdo con la norma, “recopilando e incorporando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que originaron los hechos victimizantes que narren las víctimas en sus declaraciones, las cuales en todo caso serán tratadas con la reserva de la que goza dicha información”.
Igualmente, pusieron a disposición de las víctimas líneas gratuitas como 018000911119 y línea de WhatsApp 322 815 11 01, a fin de conocer el estado de las declaraciones. Otra forma de hacer el contacto es acercándose a un punto de atención de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio Público o cualquier consulado en el exterior.