Que los bienes muebles e inmuebles que el Estado ha decomisado a los narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y otros actores delincuenciales suman una fortuna, nadie lo niega. Como tampoco el hecho cierto de que hay mucho trecho por recorrer desde el momento en que las autoridades hacen un operativo de incautación hasta la fecha en que termina el proceso de extinción de dominio y la propiedad pasa a ser del Estado.