Las tragedias en que los niños son las principales víctimas se están multiplicando en Colombia. Y no lo decimos solo por los casos que, por su sevicia e inhumanidad, terminan teniendo un alto impacto mediático y generando una ola de indignación nacional, sino por muchos otros, tanto o más dramáticos, que ocurren a diario en el país, pero permanecen amparados en el silencio y la impunidad.

En recientes editoriales llamamos la atención en torno a que los delitos de violencia intrafamiliar y agresiones sexuales están disparados este año, acorde con los reportes mensuales del Ministerio de Defensa. En la mayoría de esos hechos criminales, las mujeres y los menores de edad son los más afectados. Igual ocurre con los feminicidios.

Casos como el asesinato de dos niños por parte de su padre el lunes pasado en la capital del país, así como las recientes muertes de menores en Valle y Cundinamarca ponen, una vez más, de presente que la política de protección a los más pequeños presenta deficiencias muy graves. De hecho, el victimario en la capital del país ya tenía antecedentes de violencia intrafamiliar, en tanto que el homicida de la niña Sofía Delgado estaba libre porque se habían vencido los términos procesales en otro caso en donde era sindicado, precisamente, de violación a una niña…

Las estadísticas de las autoridades señalan que este año se han denunciado alrededor de 80.000 delitos contra niños y adolescentes. Conductas que van desde violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y lesiones personales, hasta agresiones sexuales, desplazamiento y reclutamiento forzados, prostitución obligada o la instrumentalización de jóvenes para perpetrar crímenes.

El problema no radica en la legislación. De hecho, Colombia es considerado uno de los países con uno de los cuerpos normativos más sólidos para procurar la protección de los menores de 18 años y hacer respetar la prevalencia de sus derechos, según mandato constitucional. Es más, con el paso de los años, a medida que los castigos penales y contravencionales han ido agravándose, las judicializaciones de victimarios vienen en aumento.

¿Entonces? El cuello de botella, al decir de algunos estudios y expertos, radica en la poca eficiencia de la órbita preventiva de la política de infancia y adolescencia. Pese a que existe un sistema de acción pública robusto, encabezado por varios ministerios y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una malla de despliegue a través de las respectivas dependencias departamentales y municipales, así como de las comisarías de familia, personerías, los cuerpos policiales especializados y otras instancias de reacción inmediata en la Fiscalía, en no pocos casos esa capacidad institucional para detectar situaciones de riesgo inminente no funciona a tiempo para evitar la victimización. Las alertas tempranas y otros mecanismos de protección precautelativa no se prenden con la rapidez requerida. Tampoco hay un rol más activo de familiares, vecinos, profesores, personal médico y otras fuentes de interacción cercana para avisar con antelación a las autoridades de la sospecha de señales de peligro alrededor de niños y adolescentes.

Visto todo lo anterior, hay tres tareas inmediatas para enfrentar el pico de delitos contra los más indefensos e inocentes. La primera es una revisión objetiva y profunda del funcionamiento de la política de infancia y adolescencia. Es innegable que presenta vacíos que deben corregirse, empezando por una burocratización excesiva y una lentitud desesperante entre el momento de la alarma inicial de un menor en riesgo y la decisión final para ampararlo.

Por otro lado, resulta imperativo que se repiensen las campañas y modelos pedagógicos que se están aplicando en Colombia para que la ciudadanía tome conciencia de que es una labor de todos velar por la seguridad de la niñez y adolescentes. Es claro que persisten patrones de pensamiento socioculturales en los que todavía hay cierto margen de tolerancia a determinado tipo de agresiones y estilos de crianza que no proscriben la violencia en todas sus formas.

Y, finalmente, el Estado, más allá de la cadena de condenas y lamentaciones tras cada tragedia que involucra a los más pequeños, está en la obligación de enviar, en su conjunto, desde lo nacional, regional y local, mensajes más contundentes y determinantes a la sociedad sobre la prevalencia de los derechos de los niños y adolescentes. La reciente polémica en torno a un artículo del proyecto de ley presentado por la Fiscalía, Ministerio de Justicia y Corte Suprema de Justicia, que abre paso a alivios penales a violadores de menores de edad, claramente va en la dirección contraria.