Audaz y con muchas implicaciones, sin duda alguna, la decisión que tomó el gobierno de Ecuador en torno a solicitar oficialmente la posibilidad de que algunos “países aliados” le envíen equipos de fuerzas especiales militares y policiales con el fin de reforzar la cruzada contra el narcotráfico, cuyos carteles, grupos armados e incluso pandillas que dominan las cárceles han sembrado el terror en la población civil y disparado las masacres y homicidios en los últimos años.

El presidente Daniel Noboa, que está en la recta final de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales a celebrarse en abril, cuando enfrentará a la candidata izquierdista Luisa González, con quien empató en la primera, desde el primer día de su corto gobierno (quince meses, pues asumió en noviembre de 2023 para completar el periodo del renunciado Guillermo Lasso) le declaró la guerra al flagelo del tráfico de drogas.

Para ello no solo habilitó a las fuerzas militares para poder combatir fenómenos de delincuencia organizada a nivel regional, sino que declaró oficialmente que el país afrontaba una situación de conflicto interno. De igual manera, no ha descartado pedir ayuda militar de países como Estados Unidos.

Aunque todavía no es claro a cuáles países le pediría el envío de esos equipos de fuerzas especiales, es evidente que la solicitud sorprendió, no solo por lo que implica el autorizar que efectivos extranjeros operen a nivel interno en Ecuador en operaciones contra el narcoterrorismo, sino porque de inmediato la oposición ecuatoriana se le fue lanza en ristre.

Para algunos analistas, esta petición impactará en el desarrollo de la campaña proselitista. De hecho, al comienzo de la semana se conoció la primera encuesta de cara al balotaje, y en la misma Noboa supera apenas por un 0,2% a González, evidenciando que ambos candidatos se mantienen en un cerradísimo duelo por ganar el poder.