“La EPS pública Caprecom, que tiene como afilados a 3,5 millones de colombianos y hace presencia en 744 municipios, no solo posee un crítico panorama financiero, sino que la calidad de su servicio es pésima, al punto que está colocando en peligro el sistema de salud del país”, señaló el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, quien hizo un llamado al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que considere el cierre definitivo de Caprecom como consecuencia de su alto déficit económico, cuyas pérdidas ascienden a más de 2 billones de pesos.

Sin embargo, en el Huila, una de las regiones donde Caprecom dejará de operar, no consideran que la EPS deba desaparecer sin antes pagar sus deudas. Así lo consideró el gobernador Carlos Mauricio Iriarte al anunciar que el Departamento hará uso de todas las facultades legales para que la entidad quede a paz y salvo en la región.

“En primera instancia es hacerle saber a toda la opinión que nuestra posición, comprendida por toda la red pública de salud del Huila, es innegociable. Hemos establecido que la EPS del Estado Caprecom no se puede ir sin pagar las deudas que tiene con el Departamento”, declaró el mandatario seccional.

La polémica, pues, está sobre la mesa.

Al argumentar su posición, Serpa sostuvo que "lo más preocupante es que hoy no se está prestando adecuadamente el servicio de salud a los colombianos. Además, este grupo poblacional en 744 municipios pertenece a sectores más pobres de Colombia. Es una bomba de tiempo".

Serpa indicó que "la cadena de errores administrativos en la última década, está afectado al sector en todos sus frentes, colocando en riesgo la estabilidad del sistema".

"Es urgente que el Gobierno Santos analice la situación con detenimiento. ¿Cuál será el futuro de los 3,5 millones de ciudadanos afilados a Caprecom? Ese es el tema a resolver, al que se suma el de los trabajadores de la entidad. ¿No puede gestarse una masacre laboral? Hay que tomarse la decisión de liquidar esta EPS estatal", sostuvo.

De otra parte, la desaparición de Caprecom en el Huila y Antioquia, divulgada por los medios de comunicación, según Iriarte aún no se le ha notificado de manera oficial al Departamento ni a la Secretaría de Salud.

“Nuestras instituciones de salud no pueden ni deben responder por estos perjuicios”, a propósito de las deudas que Caprecom dejaría en el aire. “Es responsabilidad de orden nacional solucionar estos problemas, por ello requerimos una cita con el Ministerio de la Protección Social para hacer las respectivas reclamaciones y dar con soluciones a esta situación tan urgente”, puntualizó, confirmando que conformó un grupo especial para iniciar una férrea defensa de los recursos económicos que le deben a las entidades de salud.

“Nos tienen que dar garantías en la prestación efectiva y calidad de los servicios para los usuarios que quedan, porque claramente la deuda que tiene Caprecom con la red pública que superaría los 70.000 millones de pesos, los cuales si no se pagan pondrían en riesgo a toda la red de salud en el Huila”, afirmó.