Un término de dos años contempla el proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que tiene listo el Gobierno para los grupos armados organizados de alto impacto que quieran acogerse a la propuesta del presidente Petro en su política de paz.  

También establece el articulado penas de seis a ocho años de cárcel para los integrantes de estas organizaciones, más cuatro años de libertad condicional para que estas personas realicen actividades de reparación a las víctimas y la sociedad en general. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó ayer detalles de esta iniciativa gubernamental, acompañado por el senador Ariel Ávila (coalición Centro Esperanza- Alianza Verde) y el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico, quienes trabajaron en la confección del articulado. 

Esta ley es clave para la intención del Gobierno de alcanzar la paz por la desactivación de los principales grupos generadores de violencia dedicados a rentas criminales y que no tienen estatus político, como sí le reconoció al Eln, por ser una guerrilla, con la cual ya adelanta negociaciones. 

Desde la llegada de este Gobierno ha buscado acercamientos con el Eln y con los demás grupos armados delincuenciales, para con el primero negociar un acuerdo de paz y con los segundos el sometimiento de los integrantes a la justicia a cambio de penas alternativas. 

En cuanto a los grupos armados organizados el Gobierno ha logrado algún avance al pactar un cese el fuego bilateral con el ‘Clan del Golfo’ y los ‘Pachenca’, desde el pasado 1 de enero y hasta el próximo 30 de junio. 

También pactó cese el fuego bilateral durante el mismo lapso con las disidencias y la ‘Segunda Marquetalia’, organizaciones residuales de las Farc, que de estas el grueso de sus integrantes sí se acogió al acuerdo de paz con el gobierno de Santos en 2016. 

Sin embargo, en el caso de las disidencias y la ‘Segunda Marquetalia’, el Gobierno no ha sido claro si les dará estatus político para una negociación o, por el contrario, la oportunidad de que se sometan a la justicia. 

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Abecé del proyecto  

El representante Uribe explicó que “una vez que un grupo decide someterse a las reglas de esta ley, tendrá que entregar las características de la banda, su modo de operar, sus patrones criminales, sus bienes”. 

Detalló que la pretendida ley tiene tres fases: una que ejecuta el presidente Petro a través del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, que es la de acercamientos donde se hacen los preacuerdos para el sometimiento colectivo. 

Luego viene la fase de imputación a todos los miembros de la estructura criminal con todos los delitos, con todos los procesos; y en tercer lugar la sentencia. 

Las personas que se sometan a esta ley en caso de que no cumplan los requisitos, recibirán las penas establecidas en el Código Penal, y si ya están en las cárceles deberán pagar la condena que previamente les impusieron. 

El proyecto contempla también que los integrantes de estos grupos se podrán quedar con el 6 % de los bienes que obtuvieron producto de su actividad criminal. El resto lo tienen que entregar al Estado. 

El Ministro de Justicia dijo que aquí no hay nada nuevo porque “coincide con lo que ya está vigente en la Ley de Extinción de Dominio”. 

La norma contempla que los condenados entre 6 y 8 años pagarán su pena en las cárceles ordinarias que hay en las distintas regiones. 

El ministro Osuna advirtió que el proyecto de ley “no menciona ni afecta, ni altera para nada las reglas vigentes en que el Estado colombiano se ha comprometido sobre la extradición”. 

En cuanto a las víctimas el representante Uribe dijo que deben ser reconocidas. “Las víctimas tienen los derechos que ya están previstos en la Ley 906, la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Pueden participar en todo el procedimiento, pueden participar en las audiencias, pueden interponer recursos, pueden hacer incidente de reparación y pueden hacer todas las peticiones de verdad”. 

El ministro Osuna indicó que en la mañana de hoy presentará este proyecto al Consejo de Política Criminal, y que una vez que éste le dé visto bueno será radicado ante el Congreso de la República.