UNA DE las principales dudas sobre los resultados de la política antidrogas del gobierno Petro es cuánto suman los cultivos de coca, pues la cifra más reciente es de 253 mil hectáreas, entregada en octubre pasado por Naciones Unidas en su informe Simci, con corte al 2023. Analistas consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que al final del 2024 superarían las 300 mil hectáreas.

El Simci dio cuenta de que los cultivos de coca crecieron un 10 % en 2023 en comparación con el 2022, al pasar de 230 mil a 253 mil hectáreas.

También, en el año 2023 hubo un incremento del 53 % en la producción potencial de cocaína, al alcanzar las 2.664 toneladas, en comparación con el 2022, cuando fueron 1.738 toneladas.

La Unodc (Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas) dijo que, a diferencia del incremento de cultivos ilícitos entre los años 2021 y 2022, que estuvo concentrado en el Putumayo, en el 2023 el “crecimiento fue más generalizado”.

Explicó que 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento; Cauca y Nariño fueron los más afectados. 

Así mismo, dijo que “se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentran el 39 % del área con coca en tan solo 14 % del territorio con presencia de cultivos de coca en 2023”.

El reporte hace una alerta sobre las zonas de expansión (territorios en los que la presencia de cultivos de coca se registra en los últimos tres años). Un 40 % de los territorios en esta categoría se ubican en la región Pacífico, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos, pero no dispersos, sino conformando núcleos con densidades de siembra incluso mayores a 12 ha/km².

Igualmente, da cuenta de que 48 % del área de coca se localiza en zonas de manejo especial: 4 % en parques nacionales naturales, que creció 2 % al contrastarlo con 2022; 10 % en resguardos indígenas, con un incremento de 10 %; 14 % en resguardos forestales de Ley Segunda, que creció un 5 %; y 20 % en tierras de las comunidades negras, que se incrementó en un 13 %.

Cuál sería hoy la situación 

Daniel Mejía, experto en el tema antidrogas y quien fue director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes, consideró que la cifra de cultivos de coca al cierre del 2024 “puede estar por encima de 280 mil o 300 mil”  hectáreas.

Trajo a colación el informe con corte a 2023: “Ahí hubo un alegato del Gobierno cuestionando la metodología Simci, que me parece que no tiene sustento técnico. Naciones Unidas respondió, no me gustó tanto la respuesta, esperaba una respuesta  que defendiera mucho más su informe. Eso siempre ha sido así, o sea la metodología de Naciones Unidas no ha cambiado, ha sido homogénea, es muy rigurosa, y seguramente vamos a terminar 2024 con un aumento aún mayor de los cultivos ilícitos porque los esfuerzos del gobierno Petro  cada vez son menores, tanto en el combate contra cultivos ilícitos como en incautaciones”.

Dijo que si bien las incautaciones de cocaína crecieron a 746,3 toneladas en 2023 y a 819,7 toneladas en 2024 (este último entre enero y noviembre), “las incautaciones aumentan, pero la producción potencial de cocaína aumentó mucho más proporcionalmente. Entonces, la fracción de la cocaína producida e incautada el año pasado alcanzó mínimos históricos del 28 %, cuando esa cifra estaba entre el 40 % y el 50 %. Entonces el Gobierno no puede salir a decir que se ha aumentado la incautación, cuando como proporción de lo producido la cocaína incautada ha bajado”.

Frente a la discusión de por qué este gobierno redujo la erradicación forzada de cultivos ilícitos en contraste con la administración Duque, Mejía dijo que “ni la erradicación ni la manual, ni la aspersión han sido efectivas, porque hay resiembra, porque los cultivos se desplazan a zonas sin erradicación”. 

Consideró que hay que enfocarse en “primero, la incautación de los bienes adquiridos producto del narcotráfico, en la extinción de dominio, en lavado de activos. Segundo, en los grandes envíos de cocaína y laboratorios, que si bien han aumentado las labores de interdicción, como proporción de lo producido ha disminuido la interdicción”.

En tanto que Viviana Manrique, exviceministra del Interior y quien hizo parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), dijo que “siendo uno muy sincero, con cifras de erradicación y de incautación bajas, creo que ya pasamos de las 300 mil hectáreas tras 2024. También hay varios indicios en cuanto a la evaluación que se hizo por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos el año pasado, que nos da una idea de que podemos pasar de las 300 mil hectáreas sin dudarlo”.

A mediados del año anterior, la Casa Blanca y el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmaron la suspensión del monitoreo de cultivos de coca en Colombia.

Sobre la falta que podría hacer esta medición, pues queda la Simci, Manrique dijo “lo que pasa es que son mediciones diferentes, metodologías distintas, incluso casi siempre esa medición de la Secretaría de Estado salía mucho más alta que la del Simci, no porque hubiera una mala medición sino porque la medían con metodologías diferentes  y en tiempos distintos”. 

Explicó que el Simci hace una medición mensual y también hace un indicador trimestral,  mientras la Secretaría de Estado hacía una medición continua anual. “Es más que todo un tema de metodologías diferentes, pero sí permiten contrastar. Cuando uno va a hacer proyecciones de cultivos, la de la Secretaría de Estado ayuda mucho”.

En cuanto a la erradicación, Manrique considera que su reducción en este gobierno ha impactado el crecimiento de cultivos ilícitos. “Si no hay una erradicación contundente, se va a generar un crecimiento de cultivos, no solamente por la estrategia como tal, sino porque también las personas se tienden a relajar. Cuando ven que las erradicaciones son bajitas, pues están muy tranquilos cultivando. La estrategia de la erradicación no solamente es para controlar el crecimiento de cultivos, sino también de persuasión”.

Se habría alcanzado tope en hectáreas

Por su parte Jorge Restrepo, académico de la Universidad Javeriana y director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), dijo que es difícil decir en cuánto cerraron los cultivos ilícitos el año pasado en Colombia, en dónde se ha expandido el área, dónde se ha contraído, pues no se cuenta en estos momentos con la medición del Departamento de Estado, mientras que el Simci es anual.

No obstante, explicó que “por la crisis de precios (de la hoja de coca) que hay en muchas regiones del país y por el aumento de la violencia en varias de esas regiones en donde hay cultivos de uso ilícito”, tanto en Cauca, como en Putumayo, Nariño, como en la región entre el Chocó y Risaralda, en el Bajo Cauca antioqueño, en Norte de Santander en el Catatumbo, “eso hace muy costosos los cultivos ilícitos”.

Agregó que también por el alto precio del oro “diría que hemos dado la vuelta y se alcanzó un pico en cultivos de uso ilícito. Es decir, que fue un pequeño aumento (en 2023), no fue una explosión como la que vimos en los últimos cuatro o cinco años de crecimiento de los cultivos de uso ilícito. Creo que estamos alcanzando la cima en la gráfica de los cultivos de uso ilícito, un tope en el número de hectáreas”.