Son muchas las implicaciones de la decisión del gobierno Petro de instalar un proceso político, posiblemente en Noruega, el 16 de mayo, con esta facción de las Farc que no se desmovilizó en 2016. Se impactan otras mesas en marcha o por arrancar

1. ¿POR QUÉ SE NEGOCIA?: la decisión del gobierno Petro de negociar con las anteriormente llamadas “disidencias” de las Farc y que ahora son denominadas oficialmente “Estado Mayor Central” (EMC), parte de la base de que el Ejecutivo considera que esta facción cumple tres elementos básicos: en primer lugar, que se les puede reconocer estatus político por estar caracterizados como alzados en armas contra el Estado; en segundo término, porque al haberse apartado del proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc antes de la firma del acuerdo de paz en 2016, nunca tuvieron la calidad de desmovilizados y, por obvias razones, tampoco pueden ser tachados de reincidentes en la actividad subversiva; y por último, dentro de la estrategia de paz de la Casa de Nariño se tiene la certeza de que es necesario plantear un mecanismo para el desarme y reinserción de este grupo, pues tiene no menos de 4 000 hombres-arma, y, por lo tanto, es un actor importante de un conflicto que se requiere neutralizar definitivamente, en el marco del concepto de la “paz total”, ya se trate de organizaciones con estatus político o de facciones típicamente criminales, como el ‘Clan del Golfo’.

2. EVOLUCIÓN EXPONENCIAL: la rapidez del crecimiento de esta facción es otro factor clave que presiona la negociación. A lo largo de las tratativas formales con las Farc, que comenzaron en 2012 y terminaron en 2016, en el gobierno Santos poca importancia se les dio a los disidentes. Siempre se consideró que se trataba de algunos mandos históricos y unas pocas facciones, con ‘Gentil Duarte’ y el ‘Frente Primero” a la cabeza, que resultaban minoritarios ante el grueso del pie de fuerza subversivo que sí se estaba desmovilizando. Después de la firma del acuerdo poco a poco se fue evidenciando que las disidencias no eran un fenómeno menor. Incluso al final de esa administración ya se hablaba de por lo menos 1 000 hombres-arma que no entraron al proceso de paz y se encontraban concentrados sobre todo en el Meta, Caquetá y Guaviare. Ya en el gobierno Duque, el problema fue creciendo. Se empezó a señalar que tenían más de 2 000 combatientes, sobre todo al integrar a frentes dispersos de las Farc en el suroccidente y el nororiente. Incluso, al aumento de su capacidad de ataque a la fuerza pública, se le sumó su inclusión de fondo en el narcotráfico y la minería criminal. Además, los disidentes entraron a combatir directamente con el Eln en Arauca, Catatumbo y otras regiones, y les plantaron cara a las reincidencias de las Farc, también denominadas ‘Nueva Marquetalia’, compuestas por cabecillas y guerrilleros desmovilizados en 2016 que volvieron a las armas, con ‘Iván Márquez’ a la cabeza. Para el fin del gobierno Duque ya se consideraba a las “disidencias” con cerca de 4 000 hombres-arma, actuando en 237 municipios de 29 departamentos. Visto ello, serían incluso, más grandes que el Eln. En tanto que la ‘Marquetalia’ tendría menos de mil hombres y su cúpula, muy disminuida, estaría refugiada en Venezuela, bajo la protección del régimen Maduro. Aun así, ‘Márquez’ casi muere en julio del año pasado, tras un atentado en el Estado Bolívar, entre cuyos posibles responsables estarían las “disidencias” para vengar la muerte de ‘Duarte’.
3. ¿CUÁL ES EL PROYECTO POLÍTICO DE LAS DISIDENCIAS?: visto el espectáculo mediático del fin de semana en la región de los Llanos del Yarí, en Caquetá, en donde la cúpula del EMC anunció su disposición a negociar a partir del 16 de mayo, algunos analistas advierten que el Gobierno podría estar cayendo en el riesgo de sobredimensionar el tamaño, capacidad militar y vocería política de esta facción. Además, si bien es cierto que alias ‘Gentil Duarte’ (asesinado en Venezuela en mayo de 2022, al parecer por un comando de Eln y reincidencias de Farc) era un mando “histórico” dentro de la guerrilla, su sucesor, alias ‘Iván Mordisco’, no tiene ese peso específico ni su nivel de ascendencia dentro de la estructura subversiva. Era más un mando medio, con mayores capacidades militares que liderazgo político o ideológico. De hecho, a ‘Mordisco’ se le dio por abatido en un operativo de las Fuerzas Militares en mayo de 2022, pero en agosto, ya en el gobierno Petro, reapareció. Hoy no se sabe, exactamente, cuál es el proyecto político del EMC ni tampoco se tiene una claridad meridiana sobre qué clase de reformas pedirían al Estado a cambio de su desmovilización. Además, esta facción más parece una ‘federación’ de frentes de distinto origen regional, sin una estructura vertical sólida o una cadena de mando madura y capaz de imponerse a todos sus combatientes y lugartenientes. Un caso sui géneris, al menos frente a lo que en su momento pasó con las Farc y ahora con el Eln, cuyo proyecto político ‘revolucionario’ ha quedado claro a lo largo de las negociaciones con distintos gobiernos. No saber qué podría pedir el contrario, siempre es una debilidad en todo proceso de resolución negociada de conflictos.
4. LOS PEROS DEL ELN: en distintas entrevistas y comunicados, el máximo cabecilla de esta facción, alias ‘Antonio García’, ha dejado claro que la política de “paz total” no le convence, especialmente el diálogo con organizaciones típicamente criminales como el ‘Clan del Golfo’. También se sabe que el Eln tiene reservas a que el Gobierno hable con el EMC por dos razones básicas. Una, los cruentos enfrentamientos bélicos de ambos grupos en el nororiente del país. Y, dos, que los elenos se consideran hoy por hoy la guerrilla más grande y ‘legítima’ en Colombia y, por lo tanto, creen que su mesa debe ser la principal de negociación política con el Estado y los otros procesos de diálogo con grupos residuales de Farc tienen menos estatus. Por ahora, se ve lejana la posibilidad de una mesa única subversiva, como en los tiempos de la ‘Coordinadora Nacional Guerrillera’, el siglo pasado. Así las cosas, queda por establecer cómo recibirá el Eln el funcionamiento de esta otra mesa de negociación que se instalará el 16 de mayo, posiblemente en Noruega, con un gran escenario mediático y político, así como con grupos de países acompañantes y garantes. Sería ingenuo desconocer que esta circunstancia le quitará escenario a la negociación Petro-Eln que se instalará el 26 de abril, en su tercer ciclo, en La Habana.
5. ¿CHOQUE DE MESAS PARALELAS?: tener varios frentes distintos de la “paz total” activados al mismo tiempo no es fácil. De hecho, el Estado colombiano quedaría supeditado, de forma paralela, a varias circunstancias muy complejas de acompasar. De un lado, el cumplimiento del acuerdo de paz con las Farc que el propio Petro ha dicho que está muy retrasado en implementación y prometió acelerarlo. Por ahora, la cúpula de Comunes (partido político derivado de la facción de las Farc que se desmovilizó en 2016) se ha mostrado a favor de los diálogos con el EMC y la ‘Marquetalia’, incluso reconociéndoles estatus político, pero dejando claro que esos diálogos no comprometen ni impactan el cumplimiento del acuerdo de 2016, que tiene a los desmovilizados como eje central. A su turno, ‘Mordisco’ y ‘Márquez’ han dejado claro que no buscan ‘renegociar’ el acuerdo de La Habana, sino negociar uno nuevo cada cual. En segundo término, está el reto de activar los acuerdos parciales que se vayan derivando de la mesa de negociación con el Eln, no solo en cuanto a la urgencia de pactar un cese al fuego, sino también sobre pactos de desescalamiento de hostilidades y acciones humanitarias en las regiones. En tercer lugar, hay que esperar los primeros resultados de la negociación con el EMC, con el que el gobierno Petro ya tiene vigente un cese el fuego desde enero pasado. A ello habría que sumar qué pasará con la ‘Marquetalia’, ya que el gobierno Petro, pese a una postura inicial en contrario, ahora busca darles estatus político bajo la tesis de que ‘Márquez’ y compañía no traicionaron el acuerdo de paz de 2016, sino que fueron blanco de un “entrampamiento” por parte de algunos sectores y autoridades años atrás, tesis que el canciller Álvaro Leyva defendió en la ONU días atrás, generando gran polémica. Y, como si fuera poco, aunque el Gobierno insiste en que a las bandas multicrimen de alto impacto, tipo ‘Clan del Golfo’ o ‘Los Pachenca’, se les ofrecerá un esquema de sometimiento a la justicia, los abogados del primero lo rechazan y exigen una mesa de negociación previo reconocimiento del estatus político.