El 20 de julio de 2020 el entonces presidente Iván Duque radicó la propuesta para ratificar el Acuerdo de Escazú. Cuando han pasado más de dos años, esta iniciativa ya fue discutida en tercer debate y está muy cerca su aprobación.

No hay duda de que para llegar a este punto se necesitó un cambio de escenario político, pues el anterior partido de gobierno contemplaba varias dudas con respecto a la implantación de este acuerdo en nuestro país.

El presidente Iván Duque anunció en su momento que Colombia firmaría el Acuerdo para la protección del medio ambiente a través de lo expresado en su discurso durante el acto de lanzamiento del Informe Mundial de Desarrollo Humano del PNUD 2019: “Anuncio hoy, aquí, en el lanzamiento del Índice de Desarrollo Humano, que esta semana Colombia va a firmar el Acuerdo de Escazú, uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región”.

Y agregó que, en el marco de la Gran Conversación Nacional, “hemos hablado de educación, de medio ambiente, de lucha contra la corrupción, hemos hablado de crecimiento con equidad, de la paz con legalidad y quiero aprovechar este encuentro para decirles que una de las mesas que ha sido más enriquecedora ha sido la de medio ambiente, donde todos los sectores académicos, científicos, empresarios, líderes sociales han planteado la importancia de tomar acciones y ahí hay una gran confluencia en lo que queremos como Gobierno y lo que quieren los ciudadanos”.

De esta manera el Acuerdo fue firmado por 25 naciones de la región durante los años 2018 y 2019. Colombia lo suscribió el 11 de diciembre de 2019, como parte de los compromisos asumidos en el marco de la Mesa de Ambiente liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En total, 13 países lo han ratificado, entre estos Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Panamá y Uruguay.

Mientras que el trámite para la ratificación en Colombia se inició en el Congreso de la República en el año 2021, y en 2022 se han llevado a cabo tres debates en el Senado, donde ha venido haciendo tránsito con apoyo mayoritario.

Luego, el Gobierno volvió a radicar el proyecto para que fuera discutido desde cero en el Congreso, pero ya sin la figura del trámite de urgencia. Por lo cual Duque explicó que no le dio mensaje de urgencia a la iniciativa por petición de unos sectores, pero a pesar de esto él consideró que su aprobación era necesaria. "El Presidente que firmó ese tratado fui yo. Lo he presentado, primero con mensaje de urgencia al Congreso, y entonces se pidió más deliberación, por lo que lo presentamos en la segunda ocasión para que tuviéramos esa deliberación".

En ese momento el Presidente hizo un llamado al legislativo para que avanzaran en la discusión. "Ojalá sean debates amplios, plurales, que permitan esclarecer dudas y preguntas que tienen algunas personas".

E insistió en que "yo creo que es un tratado que ayuda muchísimo más de lo que muchos creen que perjudica. La verdad es que creo que es una gran herramienta de protección ambiental".

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Los argumentos de la oposición

En su momento algunos miembros de la bancada oficialista argumentaron que algunos puntos del Acuerdo de Escazú ya se encuentran aplicados en la ley colombiana.

“Colombia tiene ya unos desarrollos muy importantes. Todo lo que hace parte del Acuerdo de Escazú hace parte del marco jurídico colombiano. (...) Esto es una declaración de principio, es la enunciación de principios generales, es más un hecho político de adopción de los principios”, indicó Nicolás Galarza, quien era viceministro de Medio Ambiente.

Una de las principales detractoras del proyecto en el Congreso fue María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien ha dicho en varias ocasiones que el Acuerdo no es novedoso y que está incorporado en el ordenamiento jurídico del país, y lo ha considerado como “un engaño de la izquierda internacional”.

“Los activistas ambientalistas instrumentalizados por la izquierda internacional, ignoran el peligro de Escazú. Ese acuerdo es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo, empobrecer a los colombianos y engañar a jóvenes incautos”, puntualizó recientemente la senadora.

Y agregó que “aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil; ni siquiera los indígenas y los negros tendrán prevalencia con su consulta previa, porque va a llegar una ONG a decir: usted está afectando el medio ambiente, aplique el principio precautorio, y dictan una medida cautelar de la comisión interamericana... Es una farsa socialista”.

En la misma orilla, Paloma Valencia, advirtió que “todos queremos que el medio ambiente se proteja, pero ¿qué pasará cuando todas las obras públicas estén en litigios internacionales? Un país paralizado”.

Igualmente, a través de sus redes sociales criticó a sus compañeros que aprobaron el proyecto: “no escuchan a los otros colombianos (…) Los congresistas votan no, para no escuchar a los gremios y los sectores sobre Escazú. Llegó el cambio que ni siquiera oye a los otros colombianos. Y eso que el 60% del Senado no estuvo en los debates anteriores, no les interesa ni siquiera oír”.

Durante el tercer debate tampoco prosperó la petición del representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, de archivar la iniciativa, argumentando que genera dudas en el sector productivo y en la academia. Además, advirtió que se debilitaría el poder que tienen las comunidades locales y las autoridades nacionales de tomar decisiones sobre el territorio y los recursos naturales.

Los que hablan a favor

Quienes defienden el Acuerdo insisten en la importancia de este tratado internacional, que busca disminuir y prevenir los conflictos ambientales garantizando a la ciudadanía tres derechos imprescindibles:

1. El acceso a la información, oportuna, comprensible y culturalmente apropiada, en igualdad de condiciones para los grupos más vulnerables.

2. La participación ciudadana, que debe ser abierta e inclusiva desde etapas iniciales en procesos de toma de decisiones que puedan afectar el medio ambiente o la salud.

3. El acceso a la justicia frente a hechos que afecten al medio ambiente y los derechos humanos. En el mismo sentido, por primera vez, el Estado adoptará medidas concretas para la protección de los defensores y las defensoras ambientales.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dijo en la Comisión Segunda de la Cámara que Escazú le dará poder público a la sociedad y hará cambiar la mentalidad que viene imperando sobre la participación ciudadana.  “El desarrollo debe ser en acuerdo, en concertación social, no puede ser una imposición; que el territorio no es una mancha en un mapa, que allí hay gente, que allí hay ecosistemas, que allí hay vida y que hay que trabajar conjuntamente”.

Por su parte, Iván Cepeda, senador de la bancada del Pacto Histórico, sostuvo: “pronto Colombia tendrá este instrumento, muy valioso para poder proteger al medio ambiente, a quienes se dedican en los territorios a proteger la naturaleza y el agua, a los defensores del medio ambiente y también para que haya una justicia ambiental”.

De igual forma, la senadora María José Pizarro aseguró que la ratificación del acuerdo significa “imperativo humanitario, ético y jurídico” del Congreso y parte primordial de la agenda ambiental del país”.

Lo que se viene

En la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes el Acuerdo de Escazú se votó de la siguiente manera.

Votos positivos (14): Andrés Calle, Carolina Giraldo, David Racero, Fernando Niño, Alexander Guarín, Elizabeth Jay-Pang, Érika Tatiana Sánchez, Norman Bañol, Jorge Tovar, William Ferney Aljure Martínez, Juana Carolina Londoño, Álvaro Mauricio Londoño, Jhoany Carlos Palacios Mosquera y Mary Anne Andrea Perdomo.

Votos negativos (3): Edinson Vladimir Olaya Mancipe, Luis Miguel López Aristizábal y Gersel Luis Pérez Altamiranda.

Ahora el proyecto se votará en plenaria, luego de que transcurran ocho días calendario; después se hará la conciliación del texto entre los dos proyectos de ley (Senado y Cámara), antes de pasar a sanción presidencial.