En la noche de este martes, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con un total de 96 votos a favor y 30 en contra, la Ley Estatutaria de la jurisdicción agraria y rural, la cual define la facultad de jueces y magistrados para resolver conflictos en estas zonas del país.
La ley deberá ser conciliada con el texto aprobado frente al Senado antes del 20 de junio o se hundirá por falta de trámite. Este estatuto es fundamental para aplicar la reforma constitucional creada por la jurisdicción, en cumplimiento con los compromisos del Acuerdo de Paz de 2016.
De igual forma, se establece que un tribunal contara con magistrados especializados encargados de dimitir litigios por propiedad, posesión y tenencia de tierras.
Según el Ministerio de Justicia, el proyecto busca "proteger los derechos de propiedad y establecer un procedimiento especial para resolver conflictos de manera expedita siguiendo las normas agrarias vigentes. No modifica las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad”.
#AEstaHora el Mtro. @velascoluisf acompaña la discusión del proyecto de ley estatutaria que estructura la #JurisdiccionAgrariaYa, en la sesión plenaria de la @CamaraColombia. Esta iniciativa garantizará un acceso a la justicia más equitativo para quienes labran la tierra en 🇨🇴. pic.twitter.com/lL1rHffcAi
— MinInterior Colombia (@MinInterior) June 4, 2024
El ponente del proyecto, Heráclito Landinez, indicó que "este proyecto significa el resultado de una lucha de más de 100 años y la decisión de este Congreso de saldar una deuda histórica con el país".
#JurisdiccionAgrariaYa La reglamentación de la Jurisdicción Agraria es crucial para proteger los derechos de propiedad en el sector agrario. ¡Es momento de avanzar en el debate y la aprobación de estas importantes iniciativas! 🌾👩⚖️ pic.twitter.com/mruKIrFqcF
— HERACLITO LANDINEZ S (@HERACLITOL) June 4, 2024
Los opositores, en medio del debate, expresaron su preocupación de que la ley abra la puerta al llamado "modelo de expropiación judicial", impulsado por el Gobierno Petro. Sin embargo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, negó dichas afirmaciones, enfatizando que el principal objetivo es establecer mecanismos que permitan resolver disputas entre propietarios de manera justa y equitativa.