El pasado 10 de enero el Ministerio de Hacienda hizo público el Decreto de Plan de Austeridad que regiría para 2025 ante los serios problemas fiscales por los que atraviesa Colombia. Sustentados en la caída de la ley de financiamiento por 12 billones de pesos en diciembre y el hundimiento del presupuesto general propuesto por el gobierno Petro en septiembre de 2024, la cartera encargada de las finanzas de la nación publicó una norma en la que reglamentaba ciertas medidas de gasto para los entes públicos.
Allí, la principal solicitud era hacer recortes a los exuberantes gastos que se habían presentado en diversos rubros, entre ellos la publicidad y promoción. En el documento, el Ministerio solicita que las entidades dependientes del Presupuesto General de la Nación “deberán abstenerse de celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada que promocione la gestión del Gobierno nacional”.
Sin embargo, a la fecha parece que los contratos suscritos por parte de diferentes ministerios y entidades nacionales con empresas de publicidad, medios de comunicación y creadores de contenido en redes sociales no han cesado, como sí ha tenido que suceder en la contratación a través de la modalidad de prestación de servicios, popularmente conocidas como OPS, hecho que genera indignación en medio de la falta de recursos y la crisis de orden social en el Catatumbo.
De manera reciente, desde el Concejo de Bogotá, Daniel Briceño ha denunciado que numerosos creadores de contenido han suscrito contratos con el Gobierno, ya sea a través del sistema de medios públicos RTVC o, en su defecto, entidades y ministerios. Tal es el caso de Levy Rincón y ‘Me Dicen Wallie’, quienes, según explica Briceño, recibirían un pago por pauta de parte del Departamento para la Prosperidad Social que ascendería a los 71 millones de pesos.
Un caso similar se presenta con diversas figuras en la red social X (antes Twitter), donde habría presencia de múltiples contratos firmados por montos superiores a los 100 millones de pesos, agregando además irregularidades en la contratación por falta de sustentación en la experiencia acreditada por los ‘influencers’ para la ocupación de los cargos para los que son contratados.
En este sentido, el Ministerio de Educación, propiamente el DPS, el Ministerio de Salud y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres serían las principales entidades que habrían suscrito estos contratos por millonarios montos.
Concierto de Residente
Sin embargo, los costes de publicidad no son los únicos elevados por parte de las entidades gubernamentales en momentos de crisis fiscal para el país. Desde RTVC se anunció en días recientes el concierto del cantante Residente, popularmente conocido por su postura política y activismo social, que de acuerdo con lo revelado costaría más de 4.000 millones de pesos., de los cuales 2.100 irían dirigidos para el artista puertorriqueño.
El evento se llevaría a cabo en en la Plaza de Bolívar y sería abierto a todo público, suscitando además numerosos señalamientos por su realización. “Si el gobierno de Gustavo Petro derrocha sin sonrojarse 4.000 millones en un concierto politizado, ¿cómo justificará ante la Corte Constitucional la necesidad de una reforma tributaria transitoria para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo?”, cuestionó el representante a la Cámara Andrés Forero.
Por su parte, Mauricio Parodi, de la misma corporación, aseguró que este es “un gobierno dedicado al derroche. Gastándose los impuestos de los colombianos en eventos innecesarios de propaganda política”. Igualmente, Carolina Arbeláez apuntó que los “millones de nuestros impuestos son para pagar a Residente, mientras el gobierno del derroche dice no tener recursos para atender la crisis del Catatumbo y paralizan los recursos de las obras estratégicas del país”.
No obstante, Hollman Morris, gerente del Sistema de Medios Públicos, aseveró que el presupuesto destinado para este evento se encuentra en el presupuesto de la vigencia 2025 de la entidad, agregando además que “parte de nuestra misión es generar contenidos para la radio y televisión pública, eso representa este concierto para RTVC”.
“Ya nos realizaron recortes, como a todas las entidades del Gobierno del Cambio. Utilizar los recursos misionales para otras actividades podría ser catalogado como desvío de recursos. En eso no voy a complacer a la oposición”, dijo Morris, quien aseguró que a pesar de las críticas, el concierto seguirá en pie en las fechas y con los montos previstos.