ALTOS FUNCIONARIOS del gobierno Petro fueron citados por la Corte Suprema de Justicia, a fin de entregar testimonio sobre los presuntos hechos de corrupción por la compra de carrotanques para la distribución de agua en La Guajira, luego de los señalamientos hechos recientemente por el exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla.

Por lo mismo, tendrán que comparecer ante el Alto Tribunal el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco; la antigua alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz; el director de la Ungrd, Carlos Carrillo; y el titular del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González.

La Corte Suprema ya definió las fechas en las que tendrán que presentarse. El director del DNI será el primero, ya que fue citado para el 20 de mayo. El ministro Velasco tendrá que acudir el 31 de mayo a la Corte, mientras que el director de la Ungrd rendirá declaraciones el 7 de junio. Por último, Ortiz, quien por solicitud del gobierno Petro presentó su renuncia al ser salpicada por las declaraciones recientes de Pinilla, fue citada para el 14 de junio.

Desde el despacho del magistrado Francisco Farfán, quien asumió las investigaciones de este caso, se ordenaron tres inspecciones a entidades para recabar evidencias que le permita avanzar en las pesquisas contra los presidentes del Senado, Iván Name; y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ambos vinculados por el exsubdirector de la Ungrd en la trama de corrupción de carrotanques.

La primera ya se realizó en la sede de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Allí, un grupo de funcionarios de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia recolectó evidencias del caso.

Las próximas supervisiones se harán en la Procuraduría General de la Nación, donde se buscará obtener material probatorio sobre el mismo hecho. Otra de las visitas será en el Congreso, con la intención de hallar las certificaciones de fuero de los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes.

Las investigaciones

Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia surge luego de que Pinilla revelara información sobre la firma irregular de un contrato con valor de más de $46 000 millones de pesos para la compra de 40 carrotanques por parte de la Ungrd para La Guajira. Pero, sobre todo, después de vincular tanto a Name como a Calle en esta presunta trama de corrupción, en medio de un testimonio que ofreció la semana pasada a un medio de comunicación del país.

La declaración del exsubdirector de la Unidad Nacional de Riesgos dio luces de cómo aparentemente ambos congresistas tuvieron que ver en este escándalo.

Según Pinilla, Calle habría recibido $1000 millones de pesos en efectivo, mientras que Name habría obtenido la suma de $3000 millones, los cuales, de acuerdo a su versión, fueron entregados por un “mensajero”, del que luego dijo que se trataba de Sandra Ortiz.

“Es ahí cuando nace el contrato de los carrotanques, para poder entregarles a estas dos personas, al doctor Name y al doctor Calle…, la orden de proveeduría se hace el 12 de octubre (2023), en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la Unidad: «Venga, hágame un favor, présteme 4000 millones de pesos… Ese contratista me presta los 4000 millones y son los que yo posteriormente entrego». Había un afán muy grande de entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacerlo, claro, porque no teníamos presupuesto”, informó el antiguo funcionario, quien también informó que todo este procedimiento irregular se habría hecho por orden del Gobierno, con la intención de facilitar el tránsito de los proyectos de reforma ante el Congreso de la República.

Tanto Calle como Name y Ortiz negaron su participación en el hecho, aunque desde el mismo momento en el que Pinilla prendió el ventilador, partidos políticos como el Liberal, al cual pertenece Calle; y la Alianza Verde, donde militan Name y Ortiz, pidieron investigaciones contra los mencionados en este esquema de corrupción.

De hecho, tal ha sido el escándalo por el caso de los carrotanques que figuras prominentes de los verdes como los exalcaldes de Bogotá, Antanas Mockus y Claudia López, decidieron renunciar a dicho partido.

Mientras la Corte Suprema de Justicia se suma a la investigación que en torno a este caso adelantan los entes de control, tanto Pinilla como Olmedo López, exdirector de la Ungrd, buscan un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, a cambio de información que les permita avanzar exitosamente en el caso. El pasado martes, López acudió al búnker del ente acusador para rendir declaración juramentada sobre el caso, mientras que ayer lo hizo Pinilla.

“En mi caso voy a decir la verdad y nada más que la verdad, y que estaré dispuesto a ir a todos los llamados que me haga la Fiscalía, la Corte Suprema o cualquier instancia judicial”, destacó el exsubdirector.

Ambos recibieron medidas de protección por parte de la entidad que hoy encabeza Luz Adriana Camargo, al considerar que por la información que manejan y que podría enlodar a altos funcionarios, sus vidas están en peligro.

La corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres es investigada desde hace cuatro meses por la Fiscalía General de la Nación. Pero también la Procuraduría y Contraloría indagan en este caso que inició con una denuncia por la compra de 40 carrotanques con sobreprecio y terminó siendo uno de los mayores escándalos de corrupción durante este Gobierno.

“Frente a las denuncias realizadas en medios de comunicación y fuentes abiertas de información, respecto a la compra, por parte del Gobierno nacional, de 40 carrotanques que operarían para emergencias en el departamento de La Guajira, la Fiscalía General de la Nación apertura investigación para determinar si existen irregularidades para favorecer a un contratista y otros posibles hechos constitutivos de delito alrededor de este tema”, señaló el ente acusador.

El contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, dijo a EL NUEVO SIGLO que, por solicitud del ente de control fiscal, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura inició el 20 de febrero de 2024 una indagación preliminar por estos hechos.

Producto de esta diligencia, “el día 12 de marzo de 2024 procedí a declarar de impacto nacional estos y otros hechos, lo cual implicó que esta actuación quedara a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales para la Lucha Contra la Corrupción y actualmente está en curso”.

La Procuraduría General de la Nación también se vinculó en el caso, ordenando una investigación disciplinaria contra López en febrero.

El órgano de control quiere establecer si se presentaron irregularidades en las etapas precontractual y de ejecución, las cuales estarían relacionadas con “la modalidad de contratación escogida, un posible direccionamiento en la selección del contratista, falta de capacidad e idoneidad de la empresa encargada de suministrar los vehículos y un posible detrimento patrimonial”.