Las autoridades avanzan en el proceso de investigación por los hechos de corrupción que rodearon el millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y que han tenido como protagonistas a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Es así como el juzgado 21 con funciones de Conocimiento de Bogotá negó la sustitución de la medida de aseguramiento que pesa en contra de la exasesora para las regiones de la Presidencia de la República Sandra Ortiz.
Según explicó el funcionario judicial a cargo de la determinación, las razones expuestas por la Fiscalía General de la Nación al solicitar la medida restrictiva de la libertad en contra de Sandra Ortiz, lograron demostrar que existe una duda razonable en la comisión de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por parte de Ortiz, en medio del caso de la Ungrd.
Como se sabe, la exfuncionaria del Gobierno nacional es señalada de ser presuntamente responsable de entregar maletines con dinero en el Congreso de la República a parlamentarios para que permitieran el trámite de algunas de las iniciativas que presentara el Ejecutivo. En medio de este escándalo se conoció que los expresidentes de Cámara y Senado, Andrés Calle e Iván Name, habrían recibido dinero proveniente de la Unidad, razones por las cuales son investigados por la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo, la sala penal de ese alto tribunal estableció que otros congresistas, ministros y exministros del actual gobierno habrían negociado contratos en las regiones a cambio de beneficiar el trámite de proyectos que habrían sido presuntamente pagados con dinero sustraído de la entidad. Cabe señalar que el pasado 18 de diciembre otro juez de primera instancia ordenó la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento penitenciario contra la exfuncionaria del Gobierno al considerar que puede interferir en el proceso penal y estableció su reclusión en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional mientras se adelanta el proceso penal en su contra.
Llamada a juicio por escándalo de corrupción
Como ya se sabe, el pasado 18 de diciembre la jueza tercera penal municipal con función de Control de Garantías de Bogotá pidió medida de aseguramiento en centro penitenciario para la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Mientras un juez de Bogotá decidía sobre la detención de Sandra Ortiz, la Fiscalía General de la Nación aseguró la continuidad de la investigación en contra de la exfuncionaria gubernamental por su supuesta participación en los graves hechos de corrupción y la llamó a juicio.
Frente a esta información, el ente acusador informó que “la Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, como presunta responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público”.
Así mismo, el ente investigador advirtió: “Los elementos materiales probatorios obtenidos dan cuenta de que, en octubre de 2023, la exfuncionaria habría recibido 3.000 millones de pesos de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, transportado y entregado la suma al entonces presidente del Congreso de la República, Iván Leonidas Name Vásquez. Los dineros corresponderían al pago de coimas”.
Cómo se sabe, en las diligencias del caso la Fiscalía General de la Nación respaldó sus acusaciones por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias contra la exconsejera presidencial por medio de los interrogatorios hechos a Olmedo López y Sneyder Pinilla, además de los chats, datos de georreferenciación, videos, libretas de apuntes, testimonios de los escoltas de la exfuncionaria, declaraciones de los guardaespaldas del exsubdirector de la Ungrd, datos que derivaron en la investigación penal en su contra.
