El futuro de la ampliación de la Avenida Boyacá se encuentra en un limbo tras la aceptación de una demanda por el Consejo de Estado, interpuesta por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, que busca cuestionar la validez de la licencia ambiental emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esta obra se anunció como vital para la conectividad de la ciudad y forma parte del proyecto Lagos de Torca.
La controversia surgió después de que el Consejo de Estado decidiera no interponer medidas cautelares en contra de la ampliación, pero al mismo tiempo aceptó la demanda presentada por el Ministerio de Ambiente. La ampliación de la avenida, que abarca desde la calle 183 hasta la 235 y que implica la sustracción de más de 20 hectáreas de la reserva Thomas Van der Hammen, se considera fundamental para aliviar el tráfico en el norte de Bogotá.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó su oposición a la intervención del gobierno nacional en lo que considera un asunto que debe ser decidido por la administración local. En un mensaje a través de la red social X, el alcalde expresó: “El Gobierno Nacional quiere impedir por cualquier medio la ampliación de la Avenida Boyacá”, añadiendo que “no podemos permitir que decisiones que afectan la movilidad de Bogotá sean tomadas sin tener en cuenta a los bogotanos”. También enfatizó que “defenderé la autonomía de la ciudad” y que “nuestra prioridad es el bienestar de los ciudadanos”.
Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió.
— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 31, 2024
Con esta demanda, el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de… https://t.co/LyLSwI7EsM
Desde la perspectiva del Ministerio de Ambiente, la ministra Muhamad expresó su preocupación por los posibles impactos ambientales de la ampliación. En un comunicado, subrayó que “es necesario garantizar el derecho a la participación ciudadana y la transparencia en los estudios de impacto”.
A medida que el conflicto avanza, los promotores del proyecto Lagos de Torca, quienes ven la ampliación como una vía esencial para el desarrollo urbano y la movilidad, están obligados a presentar nuevos estudios que respalden la viabilidad ambiental de la obra. El alcalde Galán reafirmó su compromiso de defender la autonomía de Bogotá, enfatizando la importancia de una gestión local en decisiones estratégicas para la ciudad.
Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado tiene la responsabilidad de decidir si la licencia ambiental se mantiene o se anula, pero es un proceso que podría demorar meses. La tensión entre el Gobierno Nacional y la administración del Distrito podría establecer un precedente significativo para futuras decisiones en proyectos de infraestructura en Bogotá.