El presidente Gustavo Petro anunicó que solicitará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "medidas cautelares" en favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, detenido esta madrugada tras una incursión policial en la Embajada de México en Ecuador, en una operación que ha provocado la ruptura inmediata de las relaciones diplomáticas entre estos dos últimos países.

"Colombia promoverá una acción para que la CIDH expida medidas cautelares en favor de Jorge Glass, al que se le violó de manera bárbara su derecho al asilo", ha anunciado Petro en su cuenta de la red social X.

El mandatario ha instado a una reunión de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) "para examinar la ruptura de la convención de Viena por un estado miembro", en referencia a la entrada de la Policía ecuatoriana en la misión diplomática mexicana.

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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha defendido la entrada esta madrugada del operativo para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas al esgrimir que la condena previa contra Glas prevalece sobre una condición de asilado político cuya validez además fue disputada por el mandatario ecuatoriano.

"Ningún delincuente puede ser considerado un perseguido político", ha hecho saber Noboa en un comunicado tras la operación policial efectuada por la Policía.

Noboa, en su nota oficial publicada en redes sociales una hora antes de que la ministra de Exteriores mexicana, Alicia Bárcena, anunciara la ruptura de relaciones, esgrime que la diplomacia mexicana ha "abusado de las inmunidades y privilegios" al conceder al ex vicepresidente un "asilo diplomático contrario al marco jurídico convencional" antes de reiterar que Glas ya había sido "condenado con sentencia ejecutoriada y contaba con disposición de captura emitida por las autoridades competentes".

Glas, cabe recordar, permanecía desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal. La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron hace semanas de que habían entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.

Esta maniobra del exvicepresidente se produjo después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicos en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.